El juez dio traslado cuatro meses después de la propuesta de culpabilidad a Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez
11 may 2010 . Actualizado a las 03:02 h.La pieza judicial encargada de depurar responsabilidades en el concurso de acreedores del Celta comienza a avanzar. Después de cuatro meses de espera el juez de lo Mercantil de Pontevedra procedió a dar traslado a las partes implicadas para que presenten sus alegaciones en el margen de 15 días. Tanto Horacio Gómez como Alfredo Rodríguez todavía no tienen el documento en sus manos, pero ésta ya ha salido de los juzgados de Pontevedra y la recepción puede ser cuestión de horas. A estas alturas, ya tienen preparada la argumentación de su defensa, que no será hecha pública hasta la vista oral -sin fecha fijada ni prevista- pero que intentará demostrar que el agujero económico fue generado durante la gestión de su sucesor Carlos Mouriño, no hasta el verano del 2006 cuando se oficializó su salida del club.
La administración concursal (con el voto particular de Carlos Pérez Bouzada) había calificado como culpables de la quiebra económica del Celta al ex presidente Horacio Gómez -para quien el fiscal solicita que responda con su patrimonio- y considera cómplices de «las maquinaciones contables» a Alfredo Rodríguez, entonces director general del club, y al auditor José Manuel Patiño. Para ambos se pide su inhabilitación.
Fue precisamente el auditor al primero al que el juez José María Blanco le dio traslado de la acusación de culpabilidad. Ahora le toca el turno a Horacio Gómez y a Alfredo Rodríguez, que disponen de dos semanas de plazo para presentar sus alegaciones en el juzgado pontevedrés.
Los acusados no harán pública la argumentación de una defensa que ejercerán los letrados Javier Búa y Javier Tebas (el abogado de Alfredo Rodríguez, que también es vicepresidente de la Liga y el defensor de Dimitri Piterman en el proceso concursal del Alavés). Pero pretende que su defensa sea un ataque a la gestión de Carlos Mouriño, a quien responsabilizan de la causa de disolución del Celta que obligó al club a entrar en concurso de acreedores.
La teoría esgrimida por el entorno de los encausados en más de una ocasión apuntan a que el pasivo se redujo en cuatro millones de euros entre el 2002 -fecha en la que según el informe el Celta entró en causa de disolución- y el 2006 cuando se produce el cambio de presidencia y en cambio bajo la gestión de Mouriño los números rojos se dispararon hasta los 80 millones de euros que provocaron la entrada del Celta en concurso.
La teoría se sustenta en la auditoría aprobada en la junta general del 2006 por un pasivo de 53 millones de euros, a los que habría que aumentarle las provisiones de Hacienda y las primas por el ascenso y la UEFA, aspectos recogidos como salvedades y que aparecen como puntos negros del informe concursal.
La argumentación se sustenta además en la modificación del escrito del ministerio fiscal que en un primer momento solicitó que Horacio Gómez pagase el 35% del importe de los créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa (unos 11 millones) y más tarde solicitó que indemnizase a la masa con el importe en que se incrementó el pasivo de la concursada entre el ejercicio 2002 «en la que debió solicitarse la disolución» y el 2006 cuando se produce el cese de funciones.
No obstante, ni Horacio Gómez ni Alfredo Rodríguez quieren mover ficha públicamente hasta que se celebre la vista oral preceptiva y que pondrá punto y final, en el juzgado de lo mercantil, al contencioso.
Carlos Mouriño también se mantiene al margen apuntando que el asunto ya no incumbe al Celta, que por otra lado está personado como parte en el proceso.