«Vamos a solicitar que se miren con lupa los números, ¿Qué ha pasado en estas dos temporadas?», dicen
12 feb 2010 . Actualizado a las 12:08 h.El divorcio definitivo entre Carlos Mouriño y el grupo sindicado puede abrir una nueva vía en la depuración de responsabilidades en el concurso de acreedores del Celta. El ente fiscalizador estudia solicitar que el presidente responda con su patrimonio si se demuestra que ha originado un agujero de 43 millones de euros como apuntan los letrados de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez en función de los estudios que ellos han realizado y que serán presentados ante el juez una vez que reciban traslado de la acusación tanto de la administración concursal como de la fiscalía.
Aunque no están personados -su solicitud fue denegada por entrar fuera de plazo en el juzgado- en la pieza de calificación abierta después de la aprobación del convenio de acreedores del Celta, el grupo sindicado sí está en permanente contacto con la defensa de Horacio Gómez (el letrado Javier Búa) y de Alfredo Rodríguez (cuyo abogado es Javier Tebas, también vicepresidente de la LFP). Conocen de primera mano los informes de auditoría y los dictámenes jurídicos encargados por los ahora acusados a cerca del estudio de la gestión de Mouriño Atanes al frente del Celta, que hablan -como había desvelado el ex director general celeste en su día- de más de 43 millones de deuda generada por el actual mandatario entre las campañas 06/07 y 07/08, la que terminó con el Celta entrando en el concurso de acreedores. De nuevo aparece la tesis del descenso a Segunda División como el principal problema de los males de la entidad.
«Vamos a solicitar que se miren con lupa los números de Mouriño. ¿Qué ha pasado en estas dos temporadas? ¿Cómo se pueden generar en dos años 44 millones de deuda?», se pregunta el abogado Pablo Viana -uno de los integrantes del grupo sindicado-, mientras apunta que el presidente debería responder con su patrimonio en caso de que estas cifras se verifiquen y se demuestre que el Celta entró en situación de insolvencia por el agujero de estas dos temporadas y no por los ejercicios que van desde el año 2002 al 2006 como han puesto de manifiesto los dos informes de la administración concursal. Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez sostienen por separado que el club vigués se vio abocado al concurso al no poder atender los pagos.
Por otra parte, el propio Pablo Viana como ex asesor jurídico del Celta podría ser citado como testigo -sostiene que el libro de actas no había desaparecido como apuntó el informe concursal- en la vista oral que en teoría debe celebrarse entre los meses de marzo o abril para que el juez de lo mercantil dicte sentencia sobre quiénes fueron los responsables de llevar al Celta a la situación de quiebra financiera.
Al no estar personado el grupo sindicado en la pieza de calificación, Carlos Mouriño tan solo podría ser culpado de oficio por el juez (cuestión que parece remota), ya que ni el fiscal ni la administración concursal le consideraron culpable en sus informes ante el juez. Otra opción sería llevar el asunto a la justicia ordinaria y que se celebrase un juicio paralelo.