Mouriño ha sido incapaz de detener en estos dos años el empeoramiento económico de la entidad celeste
01 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El procedimiento concursal en el Celta se puede poner en marcha esta semana, si se cumplen las previsiones, con el futuro de la entidad completamente en el aire.
Independientemente de que el plan de viabilidad propuesto por Carlos Mouriño y sus asesores sirva para solucionar los males económicos del club, o de que se produzca un acuerdo con Caixanova, el club se mete en manos de los administradores concursales en el momento económico más delicado de su historia.
La gestión durante los años de Horacio Gómez como presidente llevó a la entidad celeste a endeudarse por encima del riesgo asumible por un club de fútbol. Cuando se consumó el descenso del equipo en el año 2004, el antiguo máximo accionista del Celta se dio cuenta de que habían estado jugando con fuego y que el castillo de naipes podía desmoronarse por completo. Durante sus dos últimos llevó una política de contención de gastos en la que la prioridad era reducir la deuda, y gracias a los activos que tenía el club con una plantilla que venía de jugar Liga de Campeones, se consiguió corregir ligeramente la tendencia.
El informe de gestión de la penúltima temporada de Gómez en el cargo decía: «Queremos resaltar que el Consejo de Administración sigue con los mismos objetivos que se había propuesto en los dos últimos años, como es el de cumplir las pautas que se vienen imponiendo en toda Europa respecto al fútbol profesional, en especial en lo que se refiere a los criterios financieros, al objeto de aumentar la transparencia económica. Por ello, todos los equipos deberán fijar sus presupuestos de gastos en base a los ingresos ordinarios que puedan obtener, alejándose de la costumbre de cubrirlos con operaciones de carácter extraordinario».
El ex presidente le vendió las acciones a Mouriño con una deuda reconocida en el club de 53 millones de euros, a los que había que sumar otros 17 de las actas de Hacienda que estaban recurridas. A ello se sumaron posteriormente las supuestas irregularidades detectadas durante la gestión de Mouriño, que elevarían esa deuda por encima de los 70 millones.
El actual presidente, que llevaba dos años en el Consejo de Administración, compró las acciones consciente de la deuda existente, aunque según ha afirmado el agujero era mayor del que esperaba, lo que unido a que un año después el equipo regresaba a Segunda División, hizo inviable la supervivencia económica de la entidad sin una aportación particular, que tuvo que afrontar él de su bolsillo para intentar retrasar al máximo la solicitud de la ley concursal, por si se podía evitar, e intentar depurar sus responsabilidades.
A pesar de todo Mouriño no ha podido evitar que el club siga endeudándose durante sus dos años de gestión. Tras el descenso de categoría, reveló en la asamblea los desfases contables que detectó, pero hay partidas que se han generado en este período reciente.
La más llamativa es la deuda con entidades de crédito, que ha aumentado en más de cinco millones de euros. Los nuevos créditos suscritos por el actual Consejo de Administración han incrementado la deuda con Caixanova que ahora piden que les perdone en parte.
El Celta tiene que devolverle con sus ingresos a Carlos Mouriño, a través de su empresa Moutanes S.L., un millón de euros al tipo de interés legal. Lo normal es que el presidente le condone una parte de esa deuda al club cuando le está pidiendo a todos los acreedores que hagan una quita. De momento no se ha pronunciado. Además, Hacienda ha ejecutado nuevos avales por valor de casi medio millón de euros, mientras que ayer la deuda con los futbolistas de la plantilla aumentó en unos seis millones de euros.
En el capítulo de gastos, estos han aumentado sensiblemente con los numerosos despidos, indemnización, pagos al despacho de abogados, y contratación de personal con sueldos elevados.
Demora en la solicitud
La puesta en marcha del procedimiento concursal no será antes de finales de esta semana, porque el Celta sigue sin remitir al Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra toda la documentación exigida por la jueza.