Presentará el recurso sobre el edificio Conde de Fenosa antes del martes
10 jun 2011 . Actualizado a las 11:18 h.La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, acompañada de los técnicos del servicio jurídico municipal entregó ayer a una comisión del PP, formada por los ediles electos Julio Flores, Miguel Lorenzo y Martín Fernández Prado, el informe en el que se detallan todas las posibilidades legales para recurrir el auto en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena ejecutar el derribo del edificio Conde de Fenosa y da un plazo de quince días para planificar la demolición.
Aunque tanto la edila saliente de Urbanismo como los populares prefirieron mantener la reserva sobre las opciones presentadas por los servicios jurídicos, Flores indicó que entre ellas hay algunas vías de defensa a las que el Ayuntamiento ya se acogió en el pasado, con alguna variación en la argumentación entonces presentada, y otras que todavía no se habían explorado. En cualquier caso, los populares tendrán poco tiempo para decidir por cuál de ella se deciden, ya que el plazo para presentar el recurso expira el martes.
Los propietarios se enfrentan
Por su parte, la comunidad de propietarios del edificio rompió ayer su silencio para desautorizar las declaraciones de Francisco Canabal, presidente de la federación provincial de hosteleros, que tiene su sede en el Conde de Fenosa. Aclaran que no es cierto que el arquitecto que denunció la situación ilegal del edificio advirtiera a los compradores, «pues la mayor parte de los propietarios adquirieron sus viviendas o locales con anterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sin que nadie les hubiese advertido de la existencia de una demanda judicial pendiente de resolución».
Ofimático
Por su parte, los cooperativistas del Ofimático subrayaron ayer, tras conocerse la negativa del Registro de la Propiedad a inscribir las parcelas que «las dificultades alegadas son de índole menor», según explicó Luis Ruano, gestor de la cooperativa mayoritaria, que confió en que haya «voluntad política» para solucionar los errores y que las parcelas se registren.