Los dueños de las 15 casas ilegales de Sada dicen que hasta el notario les mintió
A CORUÑA
Los propietarios de las casas de la urbanización Porto-Brasa de Sada que llegaron a venderse acudieron ayer a una reunión en el Concello para informarse de que es probable que ejecute la sentencia que ilegalizó estas viviendas, lo que implicaría el derribo de las mismas. La mayoría se mostraba consternado y enfadado a partes iguales, sobre todo porque temen quedarse sin su propiedad y, al tiempo, seguir pagando las hipotecas de unas casas que rondaron los 72 millones de las antiguas pesetas.
«No nos explicamos qué ha sucedido, porque todo el mundo nos dijo que no pasaba nada, hasta el notario nos mintió», se lamentaba una de las mujeres que residen desde hace más de tres años y que denuncia que todos los organismos oficiales a los que consultó antes de realizar la compra, incluido el Registro de la Propiedad, le confirmaron que no había problemas. «Esperamos poder llegar a un acuerdo con el denunciante para legalizar las casas, somos todos gente de bien, yo he sido vicerrector de una universidad y hay abogados, directivos de caja...», detalla el único propietario con ánimos para dar su nombre, el catedrático Juan Segarra.
Los afectados por las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia llegaron a la reunión impacientes por conocer la versión de la situación del alcalde y la concejala de Urbanismo, los nacionalistas Abel López Soto y María Xosé Carnota. De hecho, ya comenzaron a interrogarlos sobre el proceso de concesión de esta licencia en la puerta de las dependencias municipales.
Ambos responsables municipales repitieron que ellos no estaban gobernando en el Ayuntamiento cuando se emitió la licencia para estas construcciones (en el año 2000) que ahora anula el TSXG, pero que debido a las irregularidades que acumulaban paralizaron la obra en el 2003, cuando sí gobernaban. No obstante, pocos meses después dejaron el gobierno local por una moción de censura que devolvió el mando al equipo del ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, y que en el año 2005 emitió una nueva licencia para tratar de legalizar las 15 casas gracias a un permiso para una supuesta reforma.
Embargo hasta de la calle
Una parte de las casas no llegó a venderse y terminó siendo embargada por la entidad que concedió el préstamo al constructor. Los afectados tienen indicios de que el banco incluso podría haberse quedado con la calle, puesto que no llegó a consumarse la cesión al Ayuntamiento. Este es, según reconocen, el menor de sus males: «Queremos que esto se solucione y seguir con nuestras vidas, porque no hemos hecho nada malo», zanjan.