Un hombre, su hija y su yerno fueron condenados por la titular del juzgado de lo Penal número 5 a seis meses de prisión como culpables de un delito contra la ordenación del territorio. Además, deberán derribar la casa.
Los procesados, según se afirma en la sentencia, instalaron un chalé prefabricado en una parcela en el lugar de Souto, en punta Barreiros (Carnoedo), calificada por las normas urbanísticas como no edificable al asentarse en una zona rústica de protección paisajística.
La juzgadora recuerda en el fallo que en mayo del 2007 los imputados comenzaron a construir cinco estructuras de hormigón y una fosa séptica. Luego, encima se colocó una casa prefabricada de 9,5 metros de largo por 3,5 de ancho y dos metros de altura. Los acusados habían manifestado que ese inmueble lo instalaron con la intención de pasar algún fin de semana y vacaciones, reconociendo que no pidieron más licencia administrativa al Ayuntamiento de Sada más que para cerrar la parcela.
La defensa de los procesados solicitó en el juicio la libre absolución de sus clientes al entender que en «esa zona no hay nada que proteger», aportando para su acreditación un informe técnico de un arquitecto, quien en el plenario afirmó que «no es un suelo rústico de especial protección». Pero la jueza le contesta en la sentencia que tal consideración implica la instauración de una manifiesta inseguridad jurídica acerca de la norma complementaria. «El desconocer la importancia de tal elemento ha llevado a la situación desastrosa de algunas partes de España, y en Galicia en particular».
Zona de ilegalidades
Se da la circunstancia que en esa zona se han construido varias casas en los últimos años sin ningún tipo de licencia. Solo en el último año, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ha emitido tres órdenes que exigen que se cumplan las sentencias al respecto y que se derriben las casas, así como los caminos -también ilegales- que se han construido alrededor. Uno de los vecinos de la zona llegó a denunciar que el equipo de gobierno del ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, «amparó todo tipo de ilegalidades», como una en la que uno de sus concejales, José Luis Santamaría, «llegó a firmar falsas certificaciones en las que se aseguraba que una de las casas no tenía expedientes urbanísticos, con el objetivo de facilitar la venta de las mismas».
La agencia urbanística de la Xunta incide en muchos de los aspectos que argumentan las sentencias para justificar el derribo, como que las viviendas carecen de algún tipo de autorización, son ilegalizables y están incluidas en la categoría de suelo rústico en una zona de protección de costas. Una de estas órdenes -fechada en enero del año pasado- también ?recuerda que el camino que ?se ha construido para dar servicio a una de las casas es totalmente ilegal.