El Estado es la Administración que más dinero destina a los ayuntamientos de Barbanza

BARBANZA

Las contribuciones se realizan en función del censo poblacional, el esfuerzo fiscal y la capacidad recaudatoria

20 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

Los concellos de Barbanza reciben del Estado casi el 70% de las transferencias de capital que manejan a lo largo del año. Según los datos facilitados por los once ayuntamientos de la comarca, Madrid entrega cada ejercicio una cantidad próxima a los 21,8 millones de euros; la Xunta de Galicia, cerca de 5,5 millones de euros, el 16,7% de los ingresos; y la Diputación de A Coruña, 4,4 millones, el 13,3% del total. En estos importes no se contabilizarían las cuantías otorgadas a un concello mediante subvención. En cifras, cada vecino de la zona percibe unos 257 euros al año por este concepto.

Estas entregas se realizan en función de tres criterios. El censo municipal de cada localidad, que representa el 75% de los importes abonados. En este sentido, Ribeira y Boiro son las localidades más beneficiadas, con 5,3 y 3,2 millones de euros, respectivamente. El segundo concepto que se tiene en cuenta es el esfuerzo fiscal -capacidad que tienen los vecinos de un municipio para hacer frente a sus obligaciones tributarias-, que representa el 12,5% de las cantidades que entran en las arcas municipales. La tercera vía de ingresos se establece en función de la capacidad recaudatoria de un municipio, que representa el 12,5% restante de las transferencia de capital.

Las cuantías entregadas por la Xunta de Galicia, que siguen el mismo esquema de las estatales, se realizan a través del Fondo de Cooperación Local; mientras que los de la Diputación, se encuadran dentro del Plan de Obras y Servicios (POS) y el Plan de Operativo Local (POL). Se trata de dos programas de actuación de carácter anual destinados a financiar servicios mínimos municipales y otras actuaciones básicas.

Más prestaciones

Los barbanzanos demandan cada vez más prestaciones, así como una mayor calidad de los servicios, lo que implica que los gobiernos locales tengan que realizar un mayor esfuerzo presupuestario cada año para afrontar estas demandas. Sin embargo, los ingresos crecen menos de lo que lo hacen los gastos, influenciado, sobre todo, por un fuerte índice de dispersión poblacional, que provoca que cada inversión acometida suponga un elevado coste para las arcas municipales.

El Estado es el que efectúa las mayores aportaciones a las arcas municipales. La fórmula matemática por la que se decide qué dinero debe transferirse a cada ayuntamiento es muy compleja y tiene en cuenta, además de las variables antes señaladas, muchos otros condicionantes, como el número de entidades de población, el presupuesto de cada concello y los servicios que proporciona, entre otras.

A la ecuación se incorporan tantos condicionantes porque de lo que se trata es de realizar una aportación lo más justa posible, en función de las características del territorio.

Sin condiciones

Las transferencias que por ley reciben los ayuntamientos, tanto del Estado como de la Xunta de Galicia, no están condicionadas. Esto significa que los ejecutivos pueden invertir el dinero de forma totalmente libre en función de sus necesidades. Lo normal es que se haga el cálculo de los gastos corrientes y que, una vez satisfechos estos, el resto de las cuantías percibidas se destine a inversiones directas en el territorio municipal porque, de alguna forma, se trata del dinero sobrante después de haber satisfecho los pagos obligatorios.

Por el contrario, los importes transferidos por la Diputación de A Coruña llegan mediante los programas POS y POL, que, en este caso, sí están condicionados y solo pueden destinarse a la ejecución de obras e inversiones.

En el caso del Plan Operativo Local, a cada uno de los concellos se le asigna una cantidad económica. Los responsables municipales elaboran un listado de proyectos que desean materializar con ese dinero. Las actuaciones deben estar relacionadas con alguno de estos ámbitos: carreteras, medio ambiente y saneamiento. Las propuestas son examinadas por el organismo provincial, que tiene la última palabra sobre su materialización. Aunque haya que hacer cambios por algún motivo, la inversión inicialmente prevista siempre se mantiene.

En cuanto al Plan de Obras y Servicios, está pensado para la ejecución de pequeñas mejoras en materia de infraestructuras. Aquí entra un poco de todo: desde mejora de alumbrados públicos hasta reparación de pistas en núcleos rurales. Constituye una importante herramienta económica para que los ayuntamientos puedan disponer de fondos para sufragar trabajos de mantenimiento.