Detallan 17 irregularidades en la compra de pisos al afín a la Marea

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

ANGEL MANSO

Solo los ediles de Ferreiro se abstienen en el dictamen de la Comisión de Transparencia

06 may 2018 . Actualizado a las 00:09 h.

La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento aprobó ayer un dictamen que considera «nula» la compra de dos propiedades a un afín a la Marea Atlántica, y detalla 17 irregularidades en el proceso. El texto fue aprobado por los grupos del PP, el PSOE y el BNG. La Marea se abstuvo. El gobierno que encabeza Xulio Ferreiro debe decidir si incorpora ese informe -y de qué manera lo hace- al expediente que se enviará al Consello Consultivo de Galicia para anular la compra.

Los dos inmuebles costaron 145.865 euros. Fueron adquiridos tras un concurso público iniciado en mayo del 2017 con el fin de comprar viviendas para uso social. Las dos propiedades fueron seleccionadas a pesar de que no cumplían varios de los requisitos del concurso, como el mínimo de superficie útil o contar con dos ventanas a la vía pública.

Uno de ellos, ubicado en la calle Joaquín Martín Martínez, ni siquiera estaba registrado como vivienda, sino que estaba inscrito en los documentos oficiales como «local comercial» u «oficinas». Solo después de que el Ayuntamiento efectuase la compra, y pagase al firmante de la Marea, se hizo un informe para cambiar su uso. La obra también la iba a pagar el Ayuntamiento. Pero el informe fue negativo, ya que el inmueble no tiene la altura suficiente.

Cuando se hicieron públicas las presuntas irregularidades, el gobierno local las rechazó. Aseguró que se habían cumplido todas y cada una de las bases del concurso y negó cualquier posibilidad de que se hubiese cometido un error. Cuando la oposición insistió, el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y el propio alcalde, Xulio Ferreiro, acusaron a la oposición de lanzar una «campaña patética» de «difamación» e «infamias» contra su gobierno. Pero las evidencias se siguieron acumulando hasta que, en las comisiones de investigación forzadas por la oposición, a puerta cerrada, Varela admitió que se habían podido cometer «erros» que atribuyó a los funcionarios municipales.

La Marea solo quiere anular uno

El alcalde reconoció más tarde «erros patentes» en el proceso. Pese a ello, la Marea se resiste a anular las dos compras y exigir a su firmante que devuelva los 145.865 euros al Ayuntamiento.

Por el momento, el grupo político que encabeza Xulio Ferreiro solo ha admitido la posibilidad de anular una de las adquisiciones, la del ático de la calle Joaquín Martín Martínez. Ese fue el más barato de los dos inmuebles: costó al Ayuntamiento 54.575 euros. Esa decisión se tomó en base a un informe redactado por Marta García Pérez, directora de la asesoría jurídica -un cargo que nombra directamente el alcalde-, que admite que hay irregularidades en la compra del otro inmueble, pero que no son suficientes para anular la operación.

Ningún grupo de la oposición comparte su criterio, y tampoco otros letrados de la asesoría jurídica, como ella misma reconoce en el texto de su informe. La portavoz del PP, Rosa Gallego, ha señalado que ese documento obvia parte de las irregularidades. El socialista José Manuel Dapena lo describió como un informe «de parte», y ha acusado al alcalde y su gobierno de intentar «blindar» la compra de los pisos a su afín, que colaboró en la fundación de la Marea Atlántica en el 2014 y desde el 2015 trabaja como consultor para el gobierno local de Ada Colau en Barcelona.

Sin responsabilidades

Ambos exigieron responsabilidades políticas a los concejales que gestionaron la compra, Xiao Varela y Alberto Lema, titular de Contratación, pero el alcalde ha rechazado que nadie asuma nada.

Ayer la Marea mantuvo su resistencia a anular la compra de los pisos cuando se abstuvo en la aprobación del informe que detalla las 17 irregularidades. Además, el gobierno local no ha confirmado si ya ha comunicado al afín a la Marea el inicio de los trámites para revocar las adquisiciones. La portavoz del PP acusó al ejecutivo de «dilatar» el proceso de forma intencionada, pese a que ha sido ordenado por el pleno.