El alcalde llamó al juez decano para mejorar la relación con los juzgados
21 oct 2015 . Actualizado a las 17:03 h.Xulio Ferreiro quiere mejorar la colaboración entre los juzgados y el Ayuntamiento. Las estadísticas que hablan de un desahucio diario en la ciudad junto a las objeciones de profesionales que tratan con el problema diariamente han motivado que el propio regidor se pudiera en contacto con el juez decano, Carlos Vilariño. La intención de Ferreiro pasa porque el protocolo de colaboración establecido por el PP tras el caso de Aurelia Rey se actualice para mejorar su eficacia.
El pasado domingo el funcionario del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución Ángel Garmendia señalaba en La Voz que este protocolo había dado sus frutos. Estimaba que evitó un 40 % de los desahucios que se plantearon en los juzgados desde su puesta en funcionamiento. Pero también advertía de sus mejoras. Concretamente, se refería a que los técnicos judiciales deberían detectar los problemas que podrían desembocar en un lanzamiento, para alertar con mucha mayor celeridad a los servicios sociales del Ayuntamiento.
Los profesionales señalan, sobre todo, que el protocolo actual se resiente por el exceso de burocracia. En estos momentos, si un funcionario de justicia detecta un problema lo comunica a la secretaria del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución. Esta lo remite al juzgado, que dará posteriormente orden de informar del caso a los servicios sociales. En todo este proceso el paso por el juzgado a veces detiene la fluidez, perdiendo un tiempo que en casos como este puede ser definitivo.
En su lugar, una de las propuestas es que el propio Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución pueda comunicarse directamente con servicios sociales. Fuentes judiciales sostienen que, de esta manera, podría mejorar sustancialmente el número de casos que no terminan en lanzamientos.
Setenta desalojos con la Marea
Los números de los desalojos no han variado desde el año pasado. Ese desahucio diario de media se mantiene, generando aproximada unos 70 desalojos desde que la Marea Atlántica llegó a María Pita en junio. Todo ello teniendo en cuenta que en agosto no se practican lanzamientos, salvo casos excepcionales.
La mayoría de esos desahucios (alrededor de un 70 %) derivan de impagos por alquiler. Un 20 % de ejecuciones hipotecarias. Y, por último, alrededor de un 10 % generado por reclamaciones de cantidad.
Un paso que se suma a otras medidas que buscan el fin de un drama social
El anuncio de la revisión del protocolo de colaboración entre los juzgados que hizo el Ayuntamiento ha sido bien recibido en los juzgados. De hecho, existía gran extrañeza porque no se estableciese esta comunicación antes, teniendo en cuenta que los desahucios han sido una de las banderas de la Marea Atlántica. Entre las 25 medidas urgentes para los primeros 100 días de mandato se hacía referencia a este problema. Lo concretizaba en dos medidas: negarse a colaborar en cualquier tipo de desahucio con medios o personal municipal y cancelar las cuentas del Ayuntamiento en todas entidades bancarias que practiquen desahucios.
Al margen de ello, el Ayuntamiento medió con los juzgados con los convenios existentes. La concejalía de Xustiza Social adscribió a su área las viviendas municipales vacías, dictando una instrucción de alojamientos temporales para personas en riesgo o en situación de desalojo. Hace dos semanas el Ayuntamiento hizo pública la entrada de una familia en una.
Igualmente, se prevé que se firme un convenio con el Colegio de Abogados para prestar asesoramiento, intermediación, gestión de justicia gratuita y defensa judicial a las personas afectadas. Y se baraja otro convenido con entidades financieras que muestren voluntad de paliar este problema.