Uno de cada cinco desalojos deriva de una ejecución hipotecaria
12 oct 2015 . Actualizado a las 13:28 h.El problema de los desahucios continúa vigente en la ciudad. Según fuentes judiciales, de media hay aproximadamente dos desalojos diarios en el partido judicial de A Coruña. De ellos, al menos uno se realiza dentro de la propia ciudad. El resto se llevan a cabo en los municipios de Arteixo, Carral, Culleredo, Cambre, Oleiros o Cerceda.
La mayoría de esos desahucios resultan de juicios verbales por falta de pago del alquiler. Concretamente, un 70 % se encuadrarían en esta tipología. Dejan una nota particularmente preocupante: la práctica totalidad son casos de importes mensuales inferiores a 400 euros. Es decir, clases trabajadoras muy precarizadas sin posibilidad de ir a una vivienda más barata.
Cabe señalar que en estos casos lo habitual es optar por esta solución cuando no quedan más alternativas. Desde los juzgados se indica que, por lo general, los propietarios esperan cuatro o cinco meses sin percibir el alquiler antes de demandar al inquilino. También que muchos de estos conflictos no terminan en un lanzamiento. Los inquilinos entregan las llaves antes de que este se produzca. De no hacerlo la estadística resultaría aún más grande.
Junto a los derivados de alquileres se encuentran las ejecuciones hipotecarias. En el 2013 ocupaban el 35 % del total. En el último año, sin embargo, el porcentaje se ha contraído al 20%, al cerrar el flujo del crédito las entidades bancarias. Dicho de otro modo: hay menos desalojos porque se compran menos pisos. No obstante, aún se contabiliza uno a la semana, cifra que evidencia que el problema se encuentra está muy lejos de estar resuelto.
Mayoritariamente, se trata de procesos de años anteriores que permanecían congelados. Habían quedado en el aire al recurrir los propietarios la existencia de cláusulas suelo, una vez que la UE dio un viraje al considerarles abusivas. También existen procedimientos judiciales al respecto por compras realizadas en los años de la crisis, si bien es cierto que, según las mismas fuentes, estos son puntuales. Aunque la política general de las grandes entidades bancarias pase por negociar y buscar soluciones alternativas, en último caso se siguen embargando los pisos.
El 10 % restante de los desahucios están originados por reclamaciones de cantidad. Estos procedimientos muchas veces terminan en embargo de bienes que también pueden afectar a la propia vivienda.
El mismo protocolo con los juzgados que el PP
La Marea Atlántica hizo de la lucha contra los desahucios una bandera, pero por ahora no se han producir cambios en la relación del gobierno local con las instancias judiciales. Así, se sigue aplicando el mismo protocolo de actuación puesto en funcionamiento en el 2012 por el PP para establecer una cadena de comunicación con los juzgados. Los profesionales sostienen que la ciudad aún está lejos de estar «libre de desafiuzamentos». Consideran que se debería revisar este mecanismo para dotarlo de una mayor agilidad y que sea el servicio de notificaciones el que alerte al Ayuntamiento.