Los dos magistrados, acompañados del fiscal y el forense, evaluaron el pasado año a 250 personas en los asilos
05 ene 2011 . Actualizado a las 02:00 h.Los dos jueces de Familia han duplicado el número de declaraciones de incapacidad en la última década. Estos asuntos les generan gran carga de trabajo porque la comisión judicial debe visitar los asilos de Vigo, Baiona, Nigrán y Gondomar para entrevistar a los ancianos con demencia senil que no pueden valerse por sí mismos y cuyos familiares piden al juzgado que les otorgue su tutela para administrar sus bienes. Ante la avalancha de asuntos que generan los casos vivos, algunos juristas de Vigo han recomendado que si, en un futuro, se crea el tercer juzgado de Familia, este se destine en exclusiva a gestionar las incapacitaciones. Hay un precedente en Madrid.
En el primer trimestre, los dos juzgados abrieron 40 expedientes por declaración de incapacidad, 60 entre abril y junio y 80 entre julio y septiembre. Pendiente del cierre de año, todo apunta a que el número de asuntos anual se situará entre los 220 y 280 casos. Duplica la registrada hace una década, cuando los jueces tramitaron 144 declaraciones de incapacidad. En el 2005, ascendió a 182 y un lustro después ya superan los 220.
El volumen de trabajo que genera cada incapacidad es cada vez mayor. La comisión judicial debe presentarse en la casa del anciano, o en la residencia o asilo donde esté internado, y el juez, con un test y el informe forense, evalúa si los pacientes están en condiciones mentales y físicas para administrar sus bienes y derechos. Deben interrogar a los familiares y designar al tutor más adecuado. Este le rendirá cuentas anuales al juez y le solicitará autorización para vender sus bienes o adquirir derechos, como una herencia, en interés de la persona incapacitada. Estas visitas ocupan un día de la semana al magistrado.
Lo preocupante es que cada expediente puede seguir abierto durante una década o más, hasta que fallezca el incapacitado. Desde el 2001, los dos juzgados de Familia de Vigo acumulan una «bola de nieve» que nadie ha cuantificado pero que, como máximo, se sitúa en 1.750 casos de incapacitación vivos. Cada uno genera incidencias como estudiar y aprobar las solicitudes de los tutores o curadores [en incapacidad parcial] y sus cuentas anuales, así como autorizar las operaciones quirúrgicas al afectado.