Un vendedor de cedés pirata puede ser condenado o absuelto según esté al norte o al sur de la provincia
VIGO
Un mantero o vendedor de cedés piratas puede ser condenado o absuelto según perpetre el delito al norte o al sur de la provincia de Pontevedra, en el límite del río Verdugo. Así lo reveló ayer el juez de lo Penal número 2 de Vigo que solicitó el indulto para el senegalés Mondou N., vecino de Vigo, por un delito contra la propiedad intelectual después de condenarlo en marzo a 720 euros de multa y seis meses de cárcel, pena que sustituyó por diez años de expulsión del país.
El juez sostiene que no tiene más remedio que condenarlo porque se limita a seguir el criterio del tribunal de la Audiencia Provincial con sede en Vigo, que castiga estos delitos. Sin embargo, las salas de la Audiencia que tienen sede en la ciudad de Pontevedra dictan sentencias absolutorias. Así se ha producido una paradoja en la provincia. «Si vendes cedés en Vilaboa eres absuelto, pero si lo haces en Soutomaior, a escasos kilómetros, te condenan», afirmó ayer el jurista.
Es la primera vez que el juez vigués pide un indulto por este tipo de delito. Lo hizo porque le parecía «excesiva» la condena de expulsión del país. Su decisión de no ejecutar la sentencia y tramitar el indulto generó varias llamadas de solidaridad ayer. La Sociedad General Autores de España (SGAE), que defiende los intereses de los creadores, intentó contactar con él para conocer su criterio.
La razón de que exista tal disparidad de criterios entre los jueces y magistrados sobre los vendedores de copias pirata se debe a que estos juicios nunca llegan al Tribunal Supremo, y por lo tanto no está unificada la doctrina respecto a tal delito.
Copias en Martínez Garrido
Mondou N. fue sorprendido el 12 de junio del 2007 en situación de residencia irregular en la calle Martínez Garrido cuando ofrecía a la venta 172 discos compactos con grabaciones de temas musicales y 44 deuvedés de películas, todos ellos copias piratas. Al ver a la policía intentó huir. En enero de este mismo año, otro juzgado ordenó su expulsión. Las agencias Adivan y Agedi reclamaron 868 y 510 euros por los perjuicios. El acusado pidió clemencia a la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, que confirmó la condena. Ahora solo resta el indulto.