Caballero exige responsabilidades políticas al gobierno socialista que otorgó la licencia del Piricoto
VIGO
El Concello se limitará a acatar los dictámenes técnicos y jurídicos tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la demolición del edificio.
08 ago 2008 . Actualizado a las 11:35 h.Tras guardar silencio ayer, Caballero ha valorado esta mañana la sentencia del Tribunal Supremo que confirma el derribo del edificio de la Colina de Castrelos. La licencia para la construcción del edificio conocido como el Piricoto fue concedida por un gobierno socialista en 1991 y anulada tres años después popr su impacto ambiental. La oposición demandaba explicaciones del alcalde y le exigía que pidiese responsabilidades dentro de su partido como ha hecho con otras licencias con sentencia judicial firme concedidas por otros partidos.
Caballero habló por primera en público sobre el tema este mediodía, en una convocatoria ante los medios a la una de la tarde. El alcade aseguró que tras la sentencia el gobierno municipal se va a limitar a acatar los dictamenes jurídicos y técnicos y que en sus decisiones no habrá dimensión política ya que se limitarán a realizar lo que los funcionarios e informes técnicos municipales aconsejen.
Caballero insitió en que prefería no pronunciarse sobre cómo se acataría la sentencia ya que los servicios jurídicos del Concello van a estudiar cómo afrontar el derribo y analizar la posibilidad de buscar una solución arquitectónica.
Además Caballero ha pedido responsabilidades políticas públicamente al alcalde socialista y el responsable de Urbanismo que concedieron la licencia del edificio en 1991 al igual que hizo en el caso de Finca do Conde (la parcela donde se ha construído el Centro Comercial Gran Vía) concedida por el gobierno popular de Corina Porro.
Tema protagonista de la Gerencia
La sentencia del Piricoto fue la protagonista en la sesión de esta mañana de la Gerencia de Urbanismo. Tras el silencio mantenido ayer por el alcalde sobre la decisión del Tribunal Supremo el PP pedía que Caballero se pronunciase. El portavoz del PP exigía al alcalde que no se callase y que exigiese responsibilidades al igual que ha hecho con otras actuaciones urbanísticas con sentencia judicial concedidas por otros partidos y recordaba que «esta sentencia es consencuencia del urbanismo diseñado por el gobierno socialista a principios de los noventa».
Figueroa aseguraba tras la Gerencia y antes de que Caballero convocase su comparecencia que el alcalde estaba actuando de forma «partidista» al no pronunciarse sobre la sentencia judicial que afecta al partido socialista que concedió en 1991 la licencia del edificio.
Desde el PP mantienen que la situación es «delicada» ya que el derribo del edificio podría suponer indemnizaciones del Concello de Vigo por 40 millones de euros a los vecinos afectados algo que podría dejar en bancarrota las cuentas municipales.