La Eurocámara quiere que el Libro Blanco del Deporte refuerce el control financiero de los clubes de fútbol

Juan Oliver

VIGO

08 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El pleno del Parlamento Europeo debatirá hoy en su sede de Bruselas un informe del eurodiputado popular griego Manolis Mavrommatis que propone incluir en el Libro Blanco del Deporte de la Comisión Europea medidas a nivel comunitario para reforzar el control financiero de los clubes y de las sociedades anónimas deportivas de la UE.

El texto, que ya fue aprobado por la Comisión de Cultura y Educación de la Eurocámara, pide al Ejecutivo comunitario que establezca normas para garantizar «la buena gestión y la estabilidad» de las entidades deportivas; para mejorar «la transparencia financiera y el control de costes» de los clubes, e impedir que el «dopaje financiero» decida sobre los acontecimientos deportivos.

Además, se muestra partidario de que las organizaciones encargadas de otorgar licencias de competición a los clubes establezcan sistemas que aseguren que éstos «disponen de las estructuras necesarias y cumplen las condiciones materiales necesarias para participar en las competiciones».

Según el Europarlamento, las actividades relacionadas con el deporte mueven cada año en Europa más de 407.000 millones de euros, es decir, el 3,7 % del Producto Interior Bruto de la Unión, y dan trabajo a quince millones de personas, lo que representa el 5,4 % de toda la mano de obra de la UE.

En ese sentido, el informe de Mavrommatis advierte de que el deporte de competición «se enfrenta a nuevas amenazas y desafíos» como la corrupción, el blanqueo de dinero, la presión comercial, la explotación de los jugadores, el dopaje, el racismo, la violencia, los partidos amañados y las apuestas fraudulentas.

Traspasos

Entre otras cosas, la ponencia reclama más control en la compraventa de jugadores: «A causa de los importantes movimientos de capitales que conllevan los traspasos, las transacciones financieras deberían llevarse a cabo de manera abierta y transparente, directamente entre todas las partes interesadas», reza el texto, que aboga porque el sistema sea gestionado «por el órgano de administración competente».

Además, pide a la FIFA y a la UEFA «que acepten en sus estatutos el derecho de recurso a los tribunales ordinarios», una posibilidad que ambas organizaciones puede castigar ahora incluso con la exclusión de las competiciones que gestionan.