La reclamación se basa en que la actitud de los controladores, tal y como se reconoció en el Real Decreto que declaró el estado de alarma, «impidió un derecho fundamental como la libre circulación, constituyendo una calamidad pública de enorme magnitud».
La Xunta, Consello da Cultura Galega y la televisión pública española han llegado a un acuerdo para digitalizar 4.000 soportes de cine en 16 milímetros de 1971 a 1986.