El objetivo es legalizar el programa que echó por tierra el Supremo británico, y con ese objetivo el Gobierno de Kigali se compromete a no enviar a los deportados a sus países de origen
La oposición laborista critica la falta de instalaciones y personal para gestionar a quienes solicitan asilo y pide al Gobierno que habilite más vías para que se pueda entrar legalmente al país