Se trata de un acto de conciliación previo a la demanda civil promovida por un colectivo de internautas, para que la secretaria general del PP aclare su acusación al Gobierno.
Gabilondo y Cospedal coinciden en su «optimismo» y fijan un plazo de dos meses para concretar en un documento las bases del acuerdo, condicionado por la libertad lingüística.