El Ejecutivo defiende un fondo de capitalización, cuya financiación se desconoce, para atender la expulsión de trabajadores indefinidos a partir del 2012.
La ampliación de las causas para considerar procedente un despido y los costes de las indemnizaciones fueron los puntos que hicieron imposible el consenso.
El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT no han logrado hoy, por segunda vez en esta legislatura, alcanzar un acuerdo para reformar el mercado de trabajo.
Los trabajadores, que estaban afectados por un ERE suspensivo, podrán recibir la prestación por desempleo y reclamar los salarios que se les adeudaban.