La militarización del control aéreo se instauró el pasado 4 de diciembre para forzar a los controladores aéreos en huelga a volver a sus puestos de trabajo.
Según los empresarios, si no se altera el total admisible de capturas (TAC), unas 3.000 personas se quedarán sin empleo, pues esta actividad genera unos 400 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos solo en Ribeira.
La dirección ha presentado al comité de empresa su propuesta de ERE que, a diferencia de lo planteado en diciembre, no contempla que afecte «a la totalidad de la plantilla» sino a 430 trabajadores.