Contas detecta en la obra un alza de costes «desproporcionada», desvíos presupuestarios y desfases de plazos
07 ago 2008 . Actualizado a las 10:50 h.El informe sobre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que el Consello de Contas emitió la semana pasada dedica siete puntos específicos y referencias en otras tres páginas a la promoción pública desarrollada por el citado organismo en el compostelano barrio del Belvís, la cual se encuentra ocupada desde mayo del 2007. No en vano, los autores del dictamen fiscalizador han detectado en la tramitación de esas 70 residencias numerosas irregularidades que salpican tanto a la gestión de los populares al frente de la consellería competente, hasta agosto del 2005, como a la que desde entonces vienen llevando a cabo los nacionalistas. La investigación denuncia que, producto de diversos factores, se produjo un «desproporcionado» incremento del desembolso.
Tras analizar exhaustivamente el expediente referido a la operación de Belvís, los expertos determinan que la Xunta gastó en el solar y su adecuación casi el triple del dinero tope que, por ley, debería haber invertido allí. «O custe dos terreos -1.500.000 euros- máis o de urbanización -que se elevou a 3.325.544- fixo que estes dous conceptos se aproximaran ao 45% do custe total da actuación, moi superior ao límite do 15% do módulo fixado na normativa para as VPP», sentencian. A continuación, califican este caso, entre los de sus características, como «o máis salientábel» en toda la comunidad autónoma.
Asimismo, la auditoría saca a la luz tres desviaciones presupuestarias del 18,76, 18,77 y 23,29% respecto a los precios de sendos trabajos pactados por escrito y en firme entre la Administración y compañías privadas. Pone de manifiesto, asimismo, otros tantos desfases temporales: de 11 meses sobre un tope de 22, de 5 sobre otro de 1 y de 7 sobre un tercero de 10.
Contrato sin licencia
El 28 de mayo del 2004, figurando el hoy ex conselleiro Alberto Núñez Feijoo (PP) como su máximo responsable, el IGVS encargó a Cuadernas y Arcos que levantase los 70 pisos a cambio de 4.844.786 euros. A propósito del proceder del Ejecutivo en ese asunto, Contas resalta: «En contra do establecido no prego de cláusulas administrativas, o contrato formalizouse sen ter obtido a adxudicataria a licenza de obra». Ya bajo mandato de Teresa Táboas (BNG), el 27 de noviembre del 2006 ambas partes formalizaron la realización de tareas supuestamente no programadas en inicio por importe de otros 909.098, unos cambios cuya procedencia fue argumentada oficialmente apelando a que las casas, en principio, se habían previsto para venta y al final serían destinadas a alquiler para jóvenes. Los consejeros fiscalizadores, sin embargo, censuran tanto las formas como el fondo de esta decisión de la Xunta.
«Excepto a partida de varios [163.529 euros, un 18% del global], estas variaciacións [de cimentación, revestimento de escaleiras, fachadas...] non se poden achacar ao cambio de réxime da utilización das vivendas, máxime cando ese acordo se adoptara a primeiros do 2005, senón a defectos e insuficiencias do proxecto inicial, o que contradí o carácter excepcional que debe ter un modificado», valoran. «Asinouse -añaden- seis meses despois de que finalizase o prazo máximo para a execución da obra, polo que contravén o artigo 101 da TRLCAP [texto refundido da Lei de Contratos da Administración Pública]».
El dictamen, por lo tanto, cuestiona abiertamente la «ineficiente» labor del arquitecto César Portela, a quien imputa parte de la responsabilidad de los sobrecostes. Además, subraya que la batuta de la promoción, en detrimento de las aspiraciones de otros 16 profesionales, le había sido confiada, mediado el 2003, en circunstancias de corrección sujeta a debate. De hecho, apostilla: «O criterio que fundamentalmente decantou o proceso ao [seu] favor foi o da relación de traballos efectuados -en definitiva, a experiencia-, a pesar de que a súa oferta non presentaba o mellor prezo nin o menor prazo». Según la misma fuente, percibió, por cuatro semanas de su tiempo, 88.700 euros.
A mayores, el IGVS atribuye a Portela la autoría del proyecto básico de urbanización del entorno de Belvís (4.803 metros cuadrados). «Non existe documentación relativa ao encargo nin ao seu financiamento», subrayan, tras haberla buscado, los redactores del informe.
Urgencias que no lo eran
Amén de otras menores, por último, Contas coloca en el plano de las anomalías la concertación de la Xunta con Construcciones Crespo de la adecuación previa de la parcela para las VPP. Fue concedida el 2 de abril del 2002, siendo aún conselleiro Xosé Cuíña, por valor de 2,43 millones, que luego se dispararían hasta 2,99, y con la garantía de quedar acabada en 5 meses, que posteriormente sumarían 17.
Esgrimiendo «a necesidade de garantir as condicións climatolóxicas idóneas para o desenvolvemento da obra», su expediente se había despachado por vía de urgencia. Sobre este particular, los auditores rebaten: «O motivo argumentado non xustifica ningún tipo de necesidade inaprazábel nin as causas precisas para acelerar os traballos por razóns de interese público».