El proyecto recibe luz verde ambiental medio año después de ser adjudicado y arrancará aún el 1 de septiembre
31 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.«El tema se ha demorado un poco porque las obras de este tipo siempre van ligadas a la existencia de una asistencia técnica de control y vigilancia que acabamos de concertar. (...) Por lo tanto, por nuestra parte, estaremos en disposición de iniciarla a finales de marzo». Refiriéndose a la construcción de la nueva terminal de viajeros de Santiago, eso fue lo que sostuvo la directora de Infraestructuras de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Amparo Brea, hace 12 semanas. Con dicho discurso, articulado a 48 horas de la celebración de las últimas elecciones generales, intentaba justificar por qué los trabajos no habían comenzado. Pero aquello era una verdad a medias. Porque ella sabía entonces que la ejecución del proyecto, pese a llevar cien días adjudicada, carecía de un informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente sin el cual no podría materializarse. Y, de hecho, no lo obtuvo hasta ayer mismo, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo difundió. A este retraso contribuyó el Ayuntamiento con un duro dictamen enviado a Madrid y elaborado a la par que sus dirigentes urgían la obra. Al final, según el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, esta arrancará en septiembre y concluirá en diciembre del 2010, si todo marcha bien.
Reunido el 26 de noviembre del 2007 en Madrid, el consejo de administración de Aena decidió encomendar el levantamiento del Lavacolla del futuro a una alianza estratégica de tres empresas integrada por Corsán-Corviam, Copcisa y Teconsa, a cambio de 125,8 millones y con un plazo de factura de 26 meses. O sea, de aquello hizo este lunes medio año. Y, sin embargo, el ministerio de Elena Espinosa aún acaba de emitir ahora una orden en virtud de la cual exime al proyecto de someterse a un farragoso proceso conocido como evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando las constructoras cumplan una serie de requisitos correctores y paliativos de los impactos negativos previstos en el lugar.
Prisas electorales
La citada resolución revela que el promotor del edificio solicitó el permiso para llevarlo a cabo no con margen administrativo suficiente, sino el 5 de junio del 2007. Esto es, lo hizo ya transcurridos 23 días desde que la materialización de las obras, justo en plena campaña de los comicios locales del 27-M, había salido a concurso público.
Asimismo, destapa que, amén de Amparo Brea, otros altos cargos silenciaron tan complicada papeleta, entre ellos, alguno del gobierno municipal. El 27 de noviembre del 2007, Raxoi fue consultado formalmente sobre la opinión que le merecía la nueva terminal, cuestión de la que nunca hablaron ante la prensa los miembros del gabinete de Sánchez Bugallo. Incluso más, mientras el Concello apremiaba públicamente al Ejecutivo central para que las máquinas se pusieran a operar de una vez por todas en la zona, el 16 de enero del 2008 mandó al departamento de Espinosa un diagnóstico de la inversión entre poco y nada favorable.
«El Ayuntamiento -puede leerse en el BOE- remite informe en el cual considera que la documentación ambiental [puesta a disposición por Aena] no aporta suficiente información acerca de las emisiones atmosféricas en fase de explotación, del incremento de los niveles sonoros y respecto al desarrollo del plan de gestión de residuos». Y agrega: «Indica que las medidas correctoras y preventivas son escasas y centradas en el control del ruido, y que con la documentación remitida no es posible determinar los impactos significativos derivados del proyecto». Al igual que el Concello, la Xunta redactó una memoria crítica, si bien no tanto como la primera. Y ambas, mayormente la que salió del palacio municipal, provocaron que el gestor de los aeropuertos del Estado hubiese de añadir datos aclaratorios a los inicialmente divulgados, lo cual dilató el proceso.
Una autoría «de oficio»
Preguntado ayer por la tarde sobre este particular, Sánchez Bugallo (PSOE) aseveró que la primera noticia acerca del citado informe se la estaba aportando La Voz en ese momento. Confuso y aparentemente molesto, con rapidez emprendió averiguaciones que, horas más tarde, le condujeron a atribuir la autoría del escrito a técnicos de la concejalía de Medio Ambiente, al cargo de la nacionalista Elvira Cienfuegos. «Ellos lo hicieron y ellos, en un trámite de oficio, lo mandaron», certificó.
La gran contradicción
«Debo reconocer -prosiguió el regidor- que ignoraba su contenido, efectivamente, y que hubiese condicionado plazos, pero, en apariencia, parece correcto, acorde con la normativa vigente, como demuestra el hecho de que Aena, a raíz de eso, hubiese tenido que precisar algunos aspectos no claros». Su versión del asunto la respaldan las declaraciones que el socialista realizaba a los medios de comunicación en aquellas fechas, siempre apurando a Fomento.
Esas manifestaciones, por otro lado, ponen de relieve la enorme contradicción que el equipo de Rodríguez Zapatero, como espectador desde la capital de España, debería estar percibiendo entonces. Mientras el máximo responsable de una administración local reclamaba agilidad a una ministra de su mismo partido, los funcionarios al servicio de ese alcalde planteaban objeciones a la obra y sugerían diferirla en tanto no se esclareciesen algunas cuestiones.