La oposición traslada al juez que los trabajos se ejecutaron sin expediente de contratación alguno
29 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Partido Popular ha denunciado ante el Jugado de Guardia al gobierno local de Pontevedra por las irregularidades detectadas en las obras de acondicionamiento de la rotonda de Loureiro Crespo con San Mauro y la mejora de los jardines de la plaza de la Libertad. En el escrito de doce folios trasladado al juez, que está firmado por el portavoz municipal del PP, Telmo Martín, se especifica que los hechos denunciados son «presuntamente constitutivos de sendos delitos de prevaricación y de fraude».
El PP denuncia que el proyecto se ejecutó saltándose todos los procedimientos de contratación, ya que cuando el pasado mes de abril se celebró una mesa de contratación en la que tendrían que haberse adjudicado las obras, estas ya llevaban ejecutadas varios meses.
Así, mientras la junta de gobierno local aprobaba el 9 de marzo del 2009 el expediente para contratar el proyecto, el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, había inaugurado la reforma de los jardines de la plaza de la Libertad varios meses antes. Concretamente en julio del 2008, según consta en los recortes de prensa que ha trasladado el PP al juzgado y en la reseña aparecida el 19 de julio en la página web del Concello. En la reunión de la junta de gobierno local del 9 de marzo se aprobó un presupuesto de ejecución de 121.212, 51 euros.
El pasado 15 de abril se celebraba la mesa de contratación para adjudicar las referidas obras, a la que se presentaron cuatro ofertas. Naturgalia SL presentó la más alta, 120.640 euros, y Roymer la más baja, 95.758 euros. El PP denunció públicamente los hechos después de la apertura de las plicas, destacando que Naturgalia era la empresa que ya había realizado los trabajos. Tras la denuncia pública del PP se celebró otra mesa de contratación el 5 de mayo, en la que se resolvió dejar desierto el concurso al certificarse que la obra estaba «en buena medida» ya ejecutada.
Estos hechos, sostiene el PP, pueden constituir un un delito de prevaricación al adjudicarse previamente las obras «de forma directa y verbal, omitiendo los cauces legales de contratación», de las citadas obras a la empresa Naturgalia. En la denuncia se recuerda que «la contratación verbal en la Administración Pública está totalmente prohibida, permitiéndose únicamente en los casos de emergencia».
Culpables sin identificar
Asimismo, se considera que puede existir un delito de fraude pues «ha existido una clara concertación de varias personas, cuya identidad no es posible todavía determinar, para obligar al Ayuntamiento de Pontevedra a asumir la obligación de pago de una obra a una empresa elegida discrecionalmente y a un coste superior al que le podría haber supuesto si se siguieran los cauces legales de contratación».