Un colectivo de votantes superior a la población de la capital de la provincia constituye una fuente de sufragios sumamente tentadora para cualquier político en activo. No es de extrañar, por tanto, que cargos de distintas Administraciones y partidos se hayan lanzado a la conquista del voto exterior con cartas, subvenciones, pensiones y asistencias sociales que resultaron polémicas en muchos casos.
Así, el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, recibió un torrente de críticas después de que el PP admitiese que una embajada del partido trasladó la copia de una polémica subvención de 30.000 euros a un centro gallego en México. A su vez, el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, se vio obligado a pedir disculpas y el PSOE a reintegrar 1.400 euros a las arcas municipales por haber pedido el voto en cartas con membrete del concello.
Lejos de pactar límites y de acabar con las sospechas que recaen sobre el voto emigrante, obligando a depositarlo en urna, los dirigentes políticos se han enfrentado a las denuncias de irregularidades con interminables debates en los que la más infantil de las acusaciones - «Y tú más»- constituía el eje de las deliberaciones.
Mientras no llega el voto en urna, tres diputados del PP, entre ellos el vigués López Veiga, acaban de pedir a la Xunta que se establezca una norma transitoria para las próximas elecciones autonómicas pidiendo que el sufragio emigrante «veña acompañado» de copia del pasaporte o DNI, a fin de aportar de esta forma «a meirande transparencia posible».