La medida adoptada por el gobierno central, según la cual la pertenencia a las Cámaras de Comercio -y por lo tanto el abono de las cuotas- deja de ser obligatoria, ha comenzado a surtir un efecto negativo para los intereses de la entidad ourensana.
En los últimos días un grupo numeroso de empresas se han pasado por la sede de la avenida de la Habana para dejar constancia por registro de su intención de que no se le pase al cobro el recibo y, por lo tanto, causar baja en el censo de la entidad.
Fuentes de la Cámara han reconocido que ese proceso se está dando desde que el Gobierno promulgó el real decreto a comienzos de diciembre para la eliminación de las cuotas obligatorias a este tipo de entidades empresariales. En cualquier caso, las mismas fuentes señalan que las peticiones «están siendo habituales», aunque eluden dar una cifra concreta, si bien ha trascendido que la decisión la han tomado, entre otros, «algún grupo empresarial importante de Ourense».
Pese a que no se teme un efecto cascada, sí se da por seguro que las peticiones de renuncia se van a seguir produciendo durante las próximas fechas. En todo caso, y pese a esos hechos, desde la Cámara se hace alusión a que «los recibos de este año se van a pasar igual y aunque haya intenciones de no pagar, se procurará su cobro por la vía ejecutiva». Y es que los abonos de este año se corresponden con los ingresos empresariales declarados en el 2009.
En la entidad tienen claro que «todo lo que sea no pagar, provoca un seguimiento inmediato y la gente se suma, y lo que está claro es que de alta no se está dando nadie ni se va a dar en adelante».
Maniobra
El futuro no es por lo tanto halagüeño, hasta el punto de que las previsiones de ingresos por las cuotas -lo que se conoce técnicamente como recursos camerales permanentes- pueden bajar de forma significativa, lo que alterará ya no solo el presupuesto de la institución sino su margen de maniobra para mantenerse y realizar actividades a favor de los empresarios de la provincia.
Quedaría, por otra parte, saber qué hará en el futuro la Consellería de Industria, institución que tutela el funcionamiento de las cámaras de comercio gallegas para acomodar la nueva cartera de servicios.