La clausura de la discoteca Xtravaganza, consecuencia de la anulación de la licencia municipal por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número uno de Ourense luego confirmada por el Tribunal Superior de Galicia, puede acabar costando dinero a las arcas del Concello. La empresa que explotaba el establecimiento, Discomanumissión S.L., pretende que la administración local se haga cargo de los supuestos perjuicios ocasionados por el cese de actividad, que fija en 1.290.000 euros.
La solicitud de reclamación patrimonial contra el Concello de Ourense hace notar que tal cantidad es meramente indicativa «y sin efecto limitativo», por lo que podrá ser más elevada llegado el momento de zanjar este nuevo litigio económico.
Para la actividad de la discoteca Xtravaganza, en la calle Pérez Serantes número 1 y 3, que desde el mismo momento de su estreno contó con el rechazo de varios vecinos del inmueble, la empresa obtuvo una primera licencia municipal de obra, concedida por la comisión de gobierno el 5 de junio del 2003. Era un momento en el que gobernaba el PP con mayoría, con Manuel Cabezas de alcalde.
Desde el año 2003
Un mes después recibió el local la correspondiente licencia de apertura para discoteca, condicionada a un aforo máximo de 336 personas y a otras medidas correctoras. Atendidos esos requerimientos, recuerda ahora la empresa al Concello de Ourense, en octubre de aquel año 2003 inició su actividad tras la apertura al público.
La firmeza de la sentencia que anuló la licencia municipal condujo a que el pasado día 23 de febrero, como recuerda la reclamación, la Policía Local precintase el local, con lo cual se impedía la actividad de la empresa.
El titular de la empresa Discomanumissión S.L. sostiene que como consecuencia de la clausura del local ha tenido que resolver el contrato de arrendamiento, que estaba vigente hasta diciembre del 2016, con lo cual la inversión en las obras para adaptación del local «serán de cargo y cuenta del arrendatario y quedarán a beneficio del inmueble, sin derecho a valoración o reclamación en momento alguno».
Obras y beneficio perdido
Los daños producidos por la anulación de la licencia se detallan en los costes de obtención de los permisos; los de ejecución de las obras de adaptación del local y de adopción de medidas correctoras por las molestias que la actividad generaba; costes sociales motivados por el despido de los trabajadores de la sociedad y el lucro cesante (beneficio dejado de obtener) de los siete años que quedaban de arrendamiento del local donde se ejercía la actividad.
A la espera de una determinación fundamentada, Discomanumission S.L. tasa en medio millón de euros la cantidad que dejará de ganar durante los siete años de actividad que no podrá ejecutar, al haberse visto obligada a cesar en ella en cumplimiento de la orden judicial que anula la licencia municipal.