El proyecto de urbanización de la finca Mariñamansa aprobado por el Concello de Ourense no satisface a la Diputación. Una condición recogida en el último párrafo del acuerdo de aprobación del documento exige la constitución de una garantía de 15.547.000 euros para poder iniciar las obras, pero la institución provincial no está dispuesta a poner ese aval sobre la mesa. Estas diferencias han llevado a la entidad presidida por José Luis Baltar, y más concretamente a la sociedad urbanística provincial UrbaOurense, a presentar un recurso contra esta decisión.
Este tipo de avales son habitualmente exigidos a los promotores para garantizar la ejecución de la urbanización de los terrenos ante cualquier eventualidad. Lo normal es que se demande ese pago cuando la urbanización se va a simultanear con la edificación para evitar que las viviendas y demás inmuebles se queden sin accesos o servicios básicos. Sin embargo, el gerente de la sociedad urbanística de la Diputación, José Jesús Cudeiro, asegura que la entidad no prevé compaginar ambas tareas.
El responsable de UrbaOurense afirma que la solicitud de aval «en principio desde el punto de vista legal no es exigible». Espera Cudeiro que el Concello de Ourense rectifique porque sin el cumplimiento de dicha condición no podrán iniciarse las obras de urbanización y el desarrollo de la finca Mariñamansa se retrasará, aunque bien es cierto que la crisis ha llevado a la promotora Flager a aplazar sus proyectos.
El gerente de la sociedad provincial apuntó, además, a lo elevado del aval reclamado por el Concello de Ourense. Poner sobre la mesa una garantía de 15,7 millones de euros tendría un coste para UrbaOurense de 150.000 euros anuales, dice.