Un informe avala que el contrato se realizó de manera correcta al ser por un importe de menos de 18.000 euros
12 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La celebración de la Batalla de Flores de la capital ourensana está en el aire. Una demanda judicial puede poner en riesgo uno de los eventos con mayor tirón y tradición de las fiestas de Ourense. El conflicto nace de la denuncia de una de las empresas que optó a la contratación de las carrozas que desfilan en el evento y que ha solicitado en el juzgado la suspensión de la Batalla de Flores, que está prevista para el sábado 27 de junio.
La empresa Conmasarte S.L., que habitualmente participaba en el evento al ser contratada por el Concello de Ourense, argumenta en su denuncia presuntas ilegalidades en la contratación, que recayó en otra empresa ourensana. Según indicó su gerente, Juan José Rodríguez, la firma a la que el gobierno local contrató los servicios «no cumple con los requisitos que establece la ley de contratos del sector público para contratar con la administración, lo que supone un claro riesgo para aquellas personas que participan o disfrutan de la misma».
En un comunicado de prensa, Conmasarte S.L. indica que no pretende «ocasionar un perjuicio a los ourensanos, sino velar porque la Batalla de Flores se desarrolle dentro de la más estricta legalidad y seguridad para todos». Según la versión esgrimida por el gerente de esta firma, el proceso de contratación realizado por el departamento de Cultura del Concello de Ourense está rodeado de «oscurantismo, al ocultarse cualquier tipo de información al respecto».
Legalidad
Las supuestas anomalías de la empresa contratada que son censuradas por Conmasarte S.L. suponen, a su juicio, un motivo más que suficiente para presentar una denuncia contra el Concello en los juzgados contencioso-administrativo, solicitando además la suspensión de la Batalla de Flores.
Por su parte, un informe elaborado por técnicos municipales avaló ayer la legalidad del proceso de contratación, que se realizó de forma directa y sin adjudicación. Según el dictamen municipal, este procedimiento es correcto al tratarse de un contrato menor, ya que el precio no supera los 18.000 euros.