Piden que se penalice en especial a quienes suben archivos a Internet y no al usuario
04 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Representantes de los libreros y editores españoles demandaron ayer al Gobierno más mano «dura» y sanciones ejemplares contra quienes descargan contenidos ilegales de Internet, con el argumento de que los derechos de propiedad intelectual deben ser tan respetados como los de propiedad industrial.
Estas reflexiones se escucharon ayer en el marco de un seminario, organizado por la Federación Española de Gremios de Editores de España, para hablar de El eBook a examen. Su incidencia en la industria editorial .
En el seminario, el responsable de la federación organizadora, Antonio María Ávila, responsabilizó directamente al Gobierno de la permisividad actual que existe en España en torno a la piratería en la Red, pidió la adopción de sanciones económicas «duras», y aseguró que las universidades son «uno de los centros de piratería más grandes del país».
Ávila aseguró que la cuota de facturación de venta de eBooks en España en el 2008 fue del 1,33%, con 42 millones de euros, un 21% más que el año anterior, y estimó que ese incremento a lo largo del 2009 será cercano al 10%.
Jesús Badenes, director de la división editorial de librerías del Grupo Planeta, aseguró que en España el mercado de compra de productos por Internet en materia de libros supone el 2,6%, aunque solo uno de cada diez contenidos consultados a través de la Red se paga. «A pesar de las protestas de los internautas, el Gobierno debe enfrentarse a un problema de hecho», aseguró Badenes, quien advirtió de que si se desprotegen los derechos de los autores «al final nadie escribirá», y apostó por regular ya la descarga de contenidos piratas «para no cargarnos la gallina de los huevos de oro».
Castigo al «camello»
El responsable de Planeta se mostró igual de partidario del sistema español -no penalizar al usuario, sino al «camello», quien sube los archivos para que puedan ser bajados ilegalmente- como del sistema francés, en el que se castiga al usuario y, tras un sistema de avisos de descargas ilegales, se le desconecta de la Red.
«Nuestra postura no es retrógrada, es defender algo por lo que previamente hemos pagado», aseguró Badenes, quien señaló que si las editoriales pagan «cientos de miles de autores» a los autores tienen derecho a recaudar parte de lo que han invertido en la publicación de su obra.
Para afrontar esta situación, varias editoriales ya trabajan en la creación de una plataforma digital de distribución y comercialización del libro electrónico, aunque advierte de que estas iniciativas no fructificarán si no se crea el entorno jurídico, económico y fiscal favorable, si no se respeta la propiedad intelectual «y si las administraciones públicas pretenden convertirse en editores».
Esa, según Jesús Badenes, es la «única forma de sobrevivir» a un mercado nuevo abierto por Internet, en el que -dijo- «podemos parecer grandes pero somos diminutos», aseguró que esa plataforma pretende priorizar la venta de libros electrónicos de calidad a través de las librerías, y se mostró convencido de que el libro de texto es el primero que va a cambiar de formato.