La situación psicológica de la acusada de prender fuego a un edificio no le permite declarar en Pontevedra

La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra tenía previsto celebrar este martes un juicio en el que se sentaba en el banquillo una mujer que está acusada de prender fuego en un edificio en Ponteareas pese a saber que había moradores dentro. Pero, después de más de una hora de espera, se decidió que no iba a celebrarse debido a que la situación psicológica de la persona imputada no le permite declarar. La mujer está en prisión preventiva.

Todo ocurrió en la madrugada del 25 de marzo del 2023. Según el fiscal, la acusada, una mujer con antecedentes penales, se presentó en un edificio de Ponteareas y, aunque sabía que había personas dentro, porque había vivido en este inmueble y además tenía relación con los moradores, prendió fuego a unos sofás que se encontraban en el recibidor de la entrada. Utilizó para ello unos folletos comerciales de papel, que una vez que había prendido movió hacia la zona de las escaleras y el ascensor «para lograr una mayor propagación del incendio y entorpecer la salida».

Más allá de causar el fuego, la mujer coloco dos carros de tamaño grande de un supermercado en la puerta del garaje. Según el fiscal, lo hizo con la intención de dificultar el desalojo de los ocupantes del inmueble. Estos, que estaban en un tercer piso, lograron avisar a los bomberos, que extinguieron el incendio. Dice el Ministerio Público que las llamas y la alta concentración de monóxido de carbono provocaron una toxicidad que puso en peligro la vida de estas personas.

Los desperfectos que se ocasionaron en la vivienda ascienden a casi 7.000 euros. Y el propio fiscal ya indica que, aunque la acusada está en prisión preventiva, padece una descompensación clínica «que produce una disminución leve de sus capacidades intelectiva y volitiva en relación con los hechos». Pese a matizar esta cuestión, el fiscal considera que lo que hizo fue constitutivo de un delito de incendio con peligro para la vida o integridad física de las personas y pide que se le impongan catorce años de prisión, así como también que asuma la responsabilidad civil y abone los 6.700 euros que costó reparar el desaguisado que provocó.

Este martes tendría que haber llegado el caso a juicio. La vista oral estaba prevista para las diez de la mañana. De hecho, varios agentes esperaban allí por si tenían que declarar. Pero, alrededor de hora y media después, se decidió suspenderla porque, al parecer, la mujer no podía afrontar este trámite porque no se encuentra en condiciones óptimas para hacerlo.

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