Un decreto del alcalde insta a los dueños a identificarse para posibles indemnizaciones
05 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Baiona, Carlos Gómez, ha firmado un decreto para identificar a las personas «terceiros de boa fe» afectados por la sentencia de derribo que pesa sobre un edificio de Sabarís. Se trata de uno de los trámites preceptivos a los que obliga el cumplimiento de la sentencia que reiteró el juzgado a finales del año pasado, en el que se advierte al regidor de posible multas coercitivas si no llevaba a cabo las actuaciones tendentes a su cumplimiento. Los propietarios del edificio ubicado en la avenida Julián Valverde, sobre el que pesa la sombra de la piqueta desde hace quince años, han de identificarse. El inmueble consta de 19 viviendas y 5 bajos comerciales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el estudio de detalle y la licencia que fue concedida para la construcción del inmueble en el 2005 y el Tribunal Supremo ratificó el auto cinco años después.
En el decreto que ayer publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se indica que ha de concretarse también el importe de las garantías que sea oportuno para, en su caso, responder al pago de las indemnizaciones que pueden derivarse de la orden de demolición. El alcalde, Carlos Gómez, no concretó ayer números pero se estima que el Concello tendría que hacer frente a indemnizaciones por valor de 6,1 millones de euros. Los afectados tienen veinte días para presentar alegaciones al procedimiento.
El alcalde insistió en que se trata de un procedimiento reglado de cara a cumplir los mandatos judiciales y confirmó que, se están dando los pasos tendentes a la ejecución de la sentencia, por lo que no ha tenido que hacer frente a ninguna multa coercitiva.
El juez le dio al gobierno local en noviembre un plazo de un mes para que tuviera redactado el proyecto de derribo. La ilegalidad del edificio radica en que la vivienda contigua forma parte del conjunto histórico artístico de la villa y, al levantar el inmueble, no se respetó el área de protección que goza todo bien de interés cultural. Además, las obras rebasaron con creces la edificabilidad permitida por el planeamiento. La licencia es del año 2001 y fue concedida de manera casi clandestina por el antiguo alcalde, Benigno Rodríguez Quintas. La aprobación del estudio de detalle y la concesión de la licencia no se llevaron a cabo sin la publicidad requerida para este tipo de acuerdos. El gobierno municipal tardó meses en publicar las autorizaciones.