Las familias afectadas desalojaron la zona cuando llegó la excavadora
27 may 2026 . Actualizado a las 01:30 h.Las chabolas del barrio de Ribadavia ya son historia. La comisión judicial acudió al asentamiento de Travesía do Forno para ejecutar el lanzamiento, pero cuando llegó al solar ya no había nadie. Las familias que vivían allí desde el 2011 habían abandonado previamente el lugar tras encontrar alojamientos provisionales. A continuación, las máquinas entraron en la parcela y derribaron las infraviviendas.
El desalojo pone fin a una ocupación de quince años en unos terrenos que fueron adquiridos por una promotora en una subasta celebrada en Móstoles. La nueva propiedad impulsó el procedimiento para recuperar el solar, situado en una zona residencial del entorno del barrio de Ribadavia. El resultado ya es visible sobre el terreno: restos de madera, plásticos, muebles, ropa y enseres quedaron dispersos en la parcela tras la intervención de la excavadora.
El lanzamiento ya había tenido un primer intento el 11 de mayo, pero entonces quedó suspendido. La lluvia y la falta de un lugar donde guardar las pertenencias llevaron a aplazar la actuación judicial. Ese margen permitió buscar una salida provisional para las personas que residían en el asentamiento, aunque no una solución definitiva de vivienda para los próximos años.
Una de las afectadas, Carmen Jiménez Barrul, explicaba antes del derribo que llevaba en la zona desde el 28 de mayo del 2011. Primero ocuparon unas casas vacías situadas más abajo y después se instalaron en la parte superior del solar, donde permanecieron hasta ahora. «De momento no tenemos una alternativa», decía entonces, antes de que se concretasen esos alojamientos provisionales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la dificultad de resolver situaciones de infravivienda cuando se cruzan dos realidades: el derecho de la propiedad a recuperar sus terrenos y la falta de recursos de quienes no pueden acceder al mercado ordinario del alquiler. Carmen relataba que sus ingresos rondan los 510 euros mensuales y que con esa cantidad resulta imposible encontrar piso en Vigo. «Te piden aval, te piden papeles bancarios y eso no lo tenemos», señalaba.
La intervención se desarrolló finalmente sin que hubiera un desalojo físico de personas en el momento de la llegada judicial, porque el asentamiento ya estaba vacío.
Os Ninguéns había acompañado a las familias durante el primer intento de lanzamiento y reclamó una respuesta habitacional para evitar que el derribo se tradujese en una situación de desamparo. La entidad denunció entonces que no existía una alternativa estable y pidió la intervención del Concello y de la Xunta.
La Valedora do Pobo ya había advertido en el 2023 de la persistencia de asentamientos chabolistas e infraviviendas en Vigo y reclamó coordinación.