Un juez ve indicios de estafa a 222 alumnos de una academia de Vigo por 305.000 euros: «Si conociesen la mentira oculta no habrían pagado»
VIGO
El magistrado concluye que Vive Formación ofrecía y expedía títulos por cursos impartidos «carentes de homologación o inviables» para obtener certificado de profesionalidad.
13 feb 2026 . Actualizado a las 18:09 h.Tres directivos de la academia viguesa Vive Formación y su empresa matriz Educación y Desarrollo Consultores SL se encaminan hacia un juicio oral como supuestos autores de una estafa a 222 alumnos por un valor conjunto de 305.954 euros. El juez de la plaza 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo ha ordenado, en un auto del 19 de noviembre del 2025, abrir el procedimiento abreviado contra ellos, antesala de la celebración de un juicio oral en una sala de lo penal. «Se engañó a los alumnos ofreciéndoles mendazmente realizar cursos homologables a sabiendas de que no era posible, lo que conocían perfectamente. De haber conocido la mentira oculta no hubieran pagado el precio y realizado el curso vanamente», indica el juez instructor.
El magistrado relata que en enero del 2022 se celebraron, al menos, 84 nuevas contrataciones de clases para alumnos por importe de 107.861 euros, en febrero hubo 64 nuevos contratos por importe de 96.807 euros, en marzo se realizaron 72 nuevos contratos por valor de 98.196 euros y en abril se concretaron 2 contratos por importe aproximado de 3.090 euros. En total, hay 222 estudiantes afectados.
El juez relata en su auto que Educación y Desarrollo Consultores SL, empresa responsable de los centros Vive Formación, estaba en crisis económica desde enero del 2022 pero siguió comprometiéndose a impartir y acreditar cursos de larga duración, de uno o dos años,«a sabiendas de que no iban a poder cumplir con sus obligaciones de formación, cobrando cantidades a los clientes, y sin reintegrar las mismas», con lo cual se produjo tanto una frustración de los clientes al no poder realizar su formación al tiempo que perdieron las cantidades abonadas.
Según el magistrado, en febrero del 2022 ya aparecen signos externos de no poder atender las obligaciones contraídas con terceros (en ese mes ya no se abonaron las nóminas de los trabajadores ni la renta del local). Pese a todo ello, la sociedad siguió formalizando contratos de formación, muchos de los cuales se vincularon a la financiación ofrecida por la entidad Sequra Worldwide.
El juez afirma que la directora de Formación ha corroborado varios indicios durante su interrogatorio. Cuando el juzgado le preguntó si la academia le indicaba a los alumnos que, una vez realizado el curso, el título entregado por Vive Formación era un título oficial, ella lo negó y explicó que le daban un título propio y luego los alumnos tenían que, en su caso, ir al Sepe para conseguir el certificado de profesionalidad, previo a realizar una nueva formación complementaria y prácticas presenciales.
La directora reconoció que muchos alumnos fueron a la Consellería de Emprego e Formación para homologar el curso y no se lo homologaron, y que algún comercial vendía de forma errada el curso porque muchos estudiantes se le quejaron a ella de que se le había informado que el título de Vive Formación era homologable por la consellería.
La directora también afirmó que hubo reuniones con el responsable de comerciales pero esas deficiencias se mantuvieron entre 2019 y 2022.
Educación y Desarrollo Consultores solo estaba dada de alta desde septiembre del 2019 como agencia de colocación y el juez ve probada la ausencia de homologación de los cursos por parte del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) y de la Xunta de Galicia.
El magistrado concluye que tres directivos y la empresa, «conscientes de la falsedad, ofrecían y expedían títulos por cursos impartidos carentes de homologación o inviables» para obtener certificado de profesionalidad pese a que en la página web se anunciaba como entidad que expedía títulos oficiales y en las propias sedes se publicitaba que se ofrecían titulaciones oficiales y certificados de profesionalidad, «lo que no era cierto».
Dado que los cursos de formación eran abonados por los estudiantes a los investigados, dicha falta de homologación, en caso de haber sido esta conocida y ocultada a los alumnos o, cuanto menos, «si a los investigados no les importó tener conocimiento cabal de esta circunstancia y pese a ello siguieron gestionando los cursos y firmando los títulos, podría concretarse el engaño típico del delito de estafa».
El juez sostiene que, cuanto menos de conformidad con esa cota de indicios exigible a este momento procesal, que sí existen indicios racionales suficientes que apuntan en la línea de que los investigados conocían, o debían conocer, que carecían de la necesaria homologación, circunstancia que sin duda habría condicionado el acto de disposición de los alumnos. Estos habrían actuado bajo la percepción errónea de que estaban cursando cursos homologados y cumplían, por tanto, con las condiciones perseguidas a los efectos de presentarlos en una eventual concurso o promoción profesional.
«Dicho esto, no es necesario en este momento procesal ir más allá y anticipar lo que debe dilucidarse y resolverse en el acto de juicio oral. La tipicidad de los hechos y los indicios racionales sobre los mismos y sobre la participación de los investigados son más que suficientes para este momento procesal, debiendo quedar el resto de las cuestiones para el acto de juicio oral», concluye el magistrado.
El magistrado recalca que la información ofrecida no era del todo veraz, pues los cursos ofertados por los investigados eran títulos propios, no homologables, siendo necesario, para dicha homologación como certificado de profesionalidad ante el Sepe cumplir con más requisitos, como son varias horas de formación complementaria. «Se constata un ánimo de lucro que se infiere de todo el proceder destinado a la obtención del precio del curso sin prestar el servicio correspondiente; se engañó a los alumnos ofreciéndoles mendazmente realizar cursos homologables a sabiendas de que no era posible, lo que conocían perfectamente», indica el instructor.
El juez, finalmente, subraya que «el engaño era bastante dada su presentación pública escrita y la confirmación verbal particular; los alumnos aceptaron la oferta inducidos por dicho engaño, puesto que de haber conocido la mentira oculta no hubieran pagado el precio y realizado el curso vanamente».