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Vivió gratis medio año en una casa alquilada tras lograr 3.850 euros de subvención
05 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La solicitante de un bono social de alquiler en Vigo afronta un año de cárcel y la devolución de 300 euros por falsificar un documento para engañar a los funcionarios de la Xunta y hacerles creer que ella cumplía todos los requisitos para acceder a la prestación. La picaresca le permitió obtener 3.850 euros de subvención y así vivir gratis medio año en la casa pero la inquilina acabará sentada en el banquillo como presunta autora de un delito de falsificación de documento privado combinado con un delito leve de estafa. El juicio se celebrará el día 11 en la plaza número 3 de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vigo.
La acusada, que tenía condenas anteriores ya canceladas, suscribió el 1 de enero del 2023 un contrato de alquiler de una vivienda situada en Vigo. Acordó con su casero pagarle una renta mensual de 600 euros. Dos semanas después, el día 17, la acusada presentó en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta de Galicia una solicitud para la concesión de la subvención del programa del bono de alquiler social. Este, explica la Fiscalía, cubrió hasta 225 euros mensuales. Ella aportó el contrato de alquiler de la vivienda pero el IGVS le informó de que para la concesión de esas ayudas la renta mensual máxima de los contratos de arrendamiento de las viviendas situadas, entre otros, en el Concello de Vigo no pueden superar el importe de 550 euros. Por esa diferencia de 50 euros, ella no tenía derecho a la ayuda social.
Según la Fiscalía, la acusada, «a sabiendas de su falsedad y con el fin de conseguir la citada ayuda», presentó en dicho organismo una semana después un nuevo contrato de alquiler de la misma vivienda, con igual fecha que el contrato original, en el que, presuntamente, sustituye la segunda hoja por otra en la que simula la firma del arrendador y modifica el precio del alquiler a la cantidad de 550 euros mensuales, para así cumplir las condiciones exigidas en la subvención.
Además, firmó con el nombre de su casero «sin su conocimiento ni consentimiento», el compromiso en el que él declara haber sido informado de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación como su firma final como arrendador/propietario de la vivienda.
A raíz de la manipulación del contrato, la acusada resultó beneficiaria de la ayuda del Programa del Bono de Alquiler Social por importe de 3.850 euros. La Xunta abonó el alquiler de los seis primeros meses al dueño de la vivienda, a razón de 550 euros mensuales, dejando de percibir los 300 euros que a mayores le correspondía percibir.
En junio, la Xunta descubrió el engaño y revocó la ayuda concedida por falseamiento de los datos que dieron lugar a su obtención, y le reclamó a la inquilina el reintegro total de las cantidades percibidas en la vía administrativa correspondiente.