El Concello negocia la compra con Construcciones Monte Louro, la Compañía Viguesa de Panificación y la Sareb, que piden una compensación al desaparecer las viviendas
18 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello, con el respaldo de otras instituciones y del conjunto de las fuerzas políticas, tiene una hoja de ruta para transformar la Panificadora en un recinto público con diferentes usos. Ya sabe, aunque con trazos gruesos, cómo será el futuro complejo y las actividades que desea se realicen. El pequeño problema pendiente de resolver es que los 7.000 metros cuadrados que ocupa son todavía una propiedad privada.Para convertir la parcela en un bien de titularidad pública solo tiene dos opciones: adquirirla o expropiarla una vez que se tramite su nueva ordenación urbanística, en la que desaparecerán las viviendas, lo que reducirá su precio.
La propiedad de la antigua Panificadora está repartida, correspondiendo la parte mayoritaria (el 60 %) a Construcciones Monte Louro, del expresidente de Aproin Félix Piñón, mientras la Compañía Viguesa de Panificación (que construyó la fábrica en los años veinte del siglo pasado) tiene sobre el 30 % y la Sareb (el conocido banco malo) dispone de un minoritario 10 %.
Desde hace tiempo, responsables municipales y de los propietarios han mantenido varios encuentros negociadores, sin que haya sido posible lograr un punto de encuentro. El motivo no es otro que las diferencias económicas. Lo que reclaman los dueños está muy alejado de lo que ofrece el Concello, que amenaza con recurrir a la expropiación.
Aunque ambas partes guardan celosamente las cifras puestas sobre la mesa, hay datos conocidos. En el año 2010, cuando se barajó también su adquisición para construir la biblioteca del Estado, el Concello llegó a ofrecer 19 millones de euros y un plus de 1.200 metros cuadrados edificables. Ahora esa cifra está descartada, como lo prueba la cantidad presupuestada por el gobierno vigués y por Zona Franca para poner en marcha la operación: 2,5 millones por parte municipal y otros 4 desde el consorcio estatal.
Del lado privado justifican sus demandas económicas en que el planeamiento en vigor contempla un amplio uso privado (por encima de las 200 viviendas) más otro comercial mucho más reducido a cambio de la entrega de los silos. Por ello, defienden que dar marcha atrás a la actual ordenación urbanística debe conllevar una importante compensación económica. Si no se llega a una solución será necesaria la imprescindible intervención del jurado de expropiación.
Ello implica siempre un riesgo para ambas partes y un retraso en la decisión final, lo que impulsa siempre la búsqueda de un pacto, que en el caso de la Panificadora se busca sin éxito desde el año 2010 cuando quería instalar la biblioteca del Estado. Ahora es un proyecto más amplio que tiene total consenso.
Ocho meses para concluir la nueva ordenación detallada de la parcela sin pisos
Los algo más de 7.000 metros cuadrados de la Panificadora más unos 2.000 que son propiedad del Concello en la parte lindante con la Praza do Rei, van a tener una nueva ordenación urbanística. Es el paso previo, e imprescindible, para recuperar la antigua factoría para uso público. Una vez concluido el proceso deberá llevarse a cabo la adquisición de los terrenos o bien su expropiación forzada.
Jorge Salgado y Celso López ganaron el pasado lunes el concurso de ideas convocado con una doble finalidad: establecer las líneas maestras del futuro recinto público y sus posibles usos. Por ello recibirán un premio de 50.000 euros junto con el encargo de redactar el nuevo instrumento de planeamiento, por lo que percibirán otros 75.000.
Según el pliego de condiciones que ha regido el concurso disponen de ocho meses para concluir esta tramitación, incluyendo la entrega, exposición y estudio de las alegaciones, lo que nos sitúa en los comienzos del 2018. Ese será el momento de hacer efectiva la titularidad de los terrenos, que obviamente se va a negociar de inmediato.
Si ambas cuestiones se resuelven será preciso solventar la falta de planeamiento, ya que el Plan Xeral en vigor, de 1993 (como también hacía el anulado, del 2008) contemplaba usos residenciales, unos 20.000 metros cuadrados, más otros 2.000 terciarios. Para ello será preciso que el Concello, con el respaldo de la Xunta, utilice la ley aprobada el año pasado para poder tramitar proyectos públicos en ciudades con planeamiento anulado, como se hizo ya con Citroën y el Ifevi.