El gobierno local aplica con rigor el reglamento, reduce las posibilidades de actuación del PP y la Marea y amenaza con expulsar a la portavoz de los populares
28 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los populares y la Marea se toparon ayer con un muro. Contaban con que la amplia mayoría del PSOE, 17 concejales de un total de 27, limitara su papel, pero quizás no esperaban la rigidez con la que el alcalde aplicó el reglamento de funcionamiento del pleno. Debido a ello, sus preguntas no sirvieron para nada ya que nada lograron aclarar. Por medio, no pudieron incluir ninguna moción urgente, se llevaron sucesivos rapapolvos de los responsables del gobierno, alcalde incluido, y la portavoz del PP fue amenazada de expulsión en una tangana menor.
Con toda seguridad, el bautismo de fuego fue para ambos grupos más duro de lo imaginado: ni la Marea logró sacar adelante una comisión de investigación sobre los procesos judiciales que afectan al Concello (caso Patos, principalmente), ni el PP la ejecución de auditorías a las dos principales concesionarias (Vitrasa y Aqualia), pero el PSOE aprovechó para dejar constancias de su malestar por estas iniciativas.
Ateniéndonos a las votaciones, tampoco puede decirse que el gobierno deambulara en soledad. La oposición se limitó a abstenerse en la cuenta general del 2014 y el PP apoyó el convenio para ampliar el polígono de Balaídos destinado a Citroën. De las tres mociones del PSOE, una fue aprobada por unanimidad (petición de ampliación del subsidio de desempleo), otra fue respaldada por el PP (rebaja del IVA cultural del 21 % al 8 %, que la Marea no votó pues quería el 7 %) y otra por la Marea (rechazo a los recortes en dependencia).
Pese a ello, la imagen de la sesión fue la del desencuentro gobierno-oposición y de marcaje del PSOE a los grupos minoritarios. De manera especial, en las dos mociones más polémicas, y por arrastre en el resto de la sesión. Así, en el turno final de preguntas el rigor fue extremo: negativa tajante del gobierno a responder preguntas no presentadas previamente por escrito y salida por los cerros de Úbeda si había pregunta escrita, con la misma consecuencia en ambos casos de evitar facilitar información.
Rigidez
La situación llegó a tal extremo que Caballero impidió el cambio de portavoz en la última pregunta del PP, aplicando la letra del reglamento. Teresa Egerique empezó a hablar y el PSOE negó que pudiera seguir Elena González. Por su parte, la socialista Abelairas respondía a todo, menos a lo preguntado por Margarida López Barreiro, que planteó una cuestión concreta: el número de viviendas en condiciones de ser habitadas de que dispone el Concello. En la pregunta sobrevolaba el caso de las viviendas de Rosalía de Castro, que el Concello intenta vender desde hace más de un año, y que tampoco es un tema del que le guste hablar.
Para que las cosas quedaran claras desde el principio, se rechazaron propuestas de mociones urgentes y para ello se utilizó el texto del reglamento que señala que tienen que ser cuestiones que se hayan producido tras la convocatoria de la sesión. Como dijo el portavoz socialista, quedará cerrada la puerta a que por esa vía se cuelen mociones a mayores de la oposición, algo que choca con la práctica habitual en la corporación viguesa. Claro, era una práctica cuando había gobiernos en minoría o de coalición, infinitamente más frágiles que el actual, al que le sobran incluso votos.
En este contexto, Caballero llamó al orden a Elena Muñoz que protestaba por el arrinconamiento de su grupo. «Usted desconoce el reglamento: la palabra la da el presidente», le abroncó el alcalde. Pero no hubo segundo aviso y por tanto expusión.
Aprobada la ampliación de Citroën con amplia mayoría y tres votos en contra
Los 24 votos de PSOE y PP dieron ayer vía libre al convenio con Zona Franca para desarrollar un polígono industrial en Matamá pegado a la factoría Citroën. Lo que busca el Concello es que factoría automovilística disponga en el futuro de 50.000 metros cuadrados destinados a su ampliación. La sorpresa corrió a cargo de la Marea, cuyos tres concejales votaron en contra por considerar que esta ampliación «sacrifica un barrio enteiro, o de Roupeiro», reclamando que la extensión de la zona industrial «non se faga cara a unha zona habitada».
Estas críticas no hicieron mella en el gobierno ni en el grupo mayoritario de la oposición. María José Caride, concejala de Urbanismo, señaló que se busca «atender ás necesidades de Citroën», calificando la decisión de «estratéxica». En el nuevo recinto se podrán edificar 180.000 metros cuadrados, en su práctica totalidad destinado a usos industriales, además de otros 24.000 dotacionales y 8.400 para viales, con la obligación de habilitar 450 plazas de aparcamiento.
«Escándalo político»
Por parte del PP, el exconcejal de Urbanismo hace una década, José Manuel Figueroa, recordó que esta ampliación se intentó tramitar entonces, pero la sesión fue boicoteada por vecinos afectados y no se pudo llevar a cabo. Resaltó la importancia de la colaboración de Zona Franca para que salga adelante y, como el PSOE, lo calificó de «proxecto vital para a cidade».
Esta cuestión aisló a la Marea, y el gobierno decidió sacar partido de ello. El alcalde escenificó su respaldo a una tramitación rápida firmando el contrato con la empresa que va a redactar la ampliación del polígono nada más terminar la sesión. En declaraciones a los periodistas, aseguró que «es un escándalo político como pocos ver que la Marea quiere que cierre Citroën oponiéndose a la decisión del gobierno municipal».
Desveló que la empresa le había pedido la ampliación, y que servirá para que «opte más adelante a la fabricación de un vehículo adicional ahora que ha conseguido el K9».