Hoy finaliza el plazo de presentación de ofertas de las empresas que aspiran a la concesión
02 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Varias docenas de trabajadores de Cespa, concesionaria de las zonas verdes de la ciudad, retomaron ayer sus protestas contra el pliego de condiciones que regirá esta adjudicación. La movilización pretende lograr del gobierno municipal que incluya en dicho pliego la subrogación de la totalidad de los trabajadores a fin de que tengan garantía de empleo con la nueva empresa.
La concentración de ayer en la Praza do Rei se suma a protestas anteriores y recordó a los funcionarios municipales la semana de huelga que mantuvieron el pasado mes de noviembre por el mismo motivo. Como entonces, armados de bocinas y otros instrumentos, provocaron un ruido atronador que dificultaba el trabajo en el Concello y molestaba a empleados y visitantes.
Después de ocho meses de conflicto por este motivo, lo que los trabajadores de Cespa reclaman es que se añada al listado de 93 trabajadores que figura en el anexo del pliego otros 19 contratados para los meses de verano. Este último grupo se encarga ya del funcionamiento de las piscinas de verano en la playa de Samil y depende también de la misma empresa.
Aduce la CIG, sindicato mayoritario en Cespa, que la normativa legal exige que figuren todos los que estén en activo en el momento de la adjudicación. Sin embargo, el gobierno vigués no está de acuerdo. En una nota pública difundida ayer, después de la protesta, precisa que «o prego de condicións recolle todos os requisitos esixidos e inclúe o listado de traballadores que remitíu a empresa, personal que é subrogable segundo estipulan as bases do concurso en marcha».
Plazo de ofertas
La reapertura del conflicto tuvo lugar ayer, justo la víspera de que hoy finalice el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Es la segunda vez que se produce este hecho ya que el pliego fue anulado en dos ocasiones por parte de un tribunal administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda con el proceso ya muy avanzado. En ambas ocasiones a causa de recursos presentados por Aseja, la patronal de la empresas dedicadas a la gestión de zonas verdes.
Esta asociación consideraba que el pliego de condiciones no detallaba los costes a los que tenían que hacer frente en función de los salarios y del número de empleados. Aseguraba que hay grupos de trabajadores afectados por convenios distintos y que no era posible conocer el coste real del servicio.