Solo nueve días han bastado para que la consejera de Bienestar de Asturias haya reconocido, aunque mínimamente -nunca se hace de otra manera-, que algún error pudo haber cometido al simultanear su cargo con la acumulación de acciones de una empresa a la que las adjudicatarias de obras públicas, incluso de su propio departamento, acudían para adquirir materiales. Tras ser acusado por la misma fiscal jefe de Vigo de haber «concertado» con las adjudicatarias de obras la compra de hormigón en la empresa de la que era apoderado, Ángel Rivas no solo sigue en su cargo, sino que se prodiga en actos públicos para aparentar la máxima normalidad, solo vulnerada por su empecinado silencio cuando se le reclama una explicación pública respecto a la imputación que pone en cuestión su manera de gestionar el dinero de todos.
Él calla, y su partido incluso le premia, aupándolo al órgano provincial que bendecirá la composición de las listas electorales con las que los socialistas se presentarán a los comicios locales del 2015. Y no es que se pretenda partir de un principio de presunción de culpabilidad, pero ni su imputación, ni su silencio y ausencia absoluta de explicaciones públicas, ni el mutismo también de Abel Caballero, su jefe y quien lo respalda en el partido y en el Concello, conjugan ni de lejos con la transparencia, el nuevo hacer y el compromiso que Pedro Sánchez asegura por toda España que guían el PSOE, al que pretende presentar como nuevo y acorde con las más altas exigencias de una sociedad harta de comprobar como lo público se emplea con demasiada frecuencia en favor de lo particular. Rivas debería hablar con la consejera asturiana, preguntarle por qué ha dimitido, reflexionar y actuar en consecuencia. Y si llegase a ser archivada su causa, explicar entonces por qué abandonó su empresa cuando fue puesta en cuestión su dualidad político-empresarial.
@carlospunzon
Rivas debería preguntar a la consejera asturiana por qué dimitió