El PSOE fuerza la dimisión de una consejera asturiana por un caso como el de Rivas en Vigo
VIGO
Los socialistas sí estiman allí que es cuestionable éticamente que la empresa de Díaz abasteciese a adjudicatarias de obras públicas
18 nov 2014 . Actualizado a las 12:26 h.Dos casos similares, pero con dos salidas completamente diferentes. El PSOE aplaudió ayer en Asturias la dimisión de su consejera de Bienestar por la contestación social que ha generado que su empresa abasteciese de material de construcción a adjudicatarias de obras promovidas por el Principado, mientras en Vigo la formación socialista defiende como legal y ético que la firma en la que el concejal Ángel Rivas era apoderado suministrase hormigón a concesionarias de obras encargadas por el gobierno municipal del que forma parte el edil.
Aunque la hasta ayer consejera Esther Díaz ha defendido también la legalidad de su actuación y el PSOE asturiano respaldó su argumento, dirigentes socialistas de dicha comunidad reconocieron que la doble condición de miembro del Gobierno regional y accionista de la empresa suministradora de material de obra puede ser cuestionable desde un punto de vista ético, máxime, recalcaron, en el contexto de absoluta sensibilización ciudadana ante la proliferación de casos de corrupción surgidos en los últimos meses en toda España.
«Podré haberme equivocado»
En el caso de la consejera asturiana y exalcaldesa de Langreo se investigan las compras hechas por adjudicatarias de obras públicas a la empresa administrada por su marido y en la que la socialista reconoce contar con un 19,8 % de las acciones. «Podré haberme equivocado, pero no soy una corrupta», dijo ayer la consejera Esther Díaz al anunciar su dimisión y asumir un posible error en su doble condición de gobernante y accionista de una empresa que actúa en el ámbito de la obra pública.
La empresa familiar administrada por su marido ha participado como proveedora de material de construcción en obras como la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón; la construcción del nuevo Hospital Central Universitario de Asturias; el soterramiento de las vías de FEVE en la localidad en la que fue alcaldesa, así como un estadio de futbol también en Langreo. Su partido, que considera que la ya exconsejera ha sufrido un linchamiento a cuenta del caso en el que se ha visto inmersa, calificó sin embargo de «ejemplar» la decisión de dimitir de la responsable autonómica de Bienestar.
En el caso de Ángel Rivas, solo ha contado con el apoyo del segundo teniente de alcalde de Vigo, Carlos López Font, toda vez que el alcalde, Abel Caballero, ha rechazado valorar la imputación judicial de su concejal pese a ser requerido para conocer su versión sobre los hechos que la Fiscalía le achaca.
Dura acusación en Vigo
El ministerio público estimó en su denuncia que Rivas «concertó con varias empresas, bien directamente por su condición de apoderado de Hormigones Valle Miñor, bien a través de otro apoderado, el suministro de material de construcción -cemento y hormigón- a las empresas que resultaron adjudicatarias según acuerdos de la junta de gobierno en las que él mismo participó o que resultaron beneficiarias de reconocimiento extrajudicial de crédito por unidades de obras realizadas y mediante acuerdos de la junta de gobierno en cuya aprobación participaba el denunciado».
La dura acusación formulada por la propia fiscal jefe de Vigo contra el concejal de Abel Caballero, solo ha motivado la petición de dimisión de Rivas por parte de BNG y EU, mientras que el PP se ha mostrado a favor de que el caso sea dirimido judicialmente antes de realizar valoración alguna sobre la situación del edil de Parques y Jardines. El PSOE, ni el local ni el gallego, han cuestionado la doble condición de Ángel Rivas, que dejó su puesto en la empresa en la que trabajaba tras trascender que esta suministraba a empresas contratadas por el Concello para realizar mejoras de calles de la ciudad.
En el caso de Asturias, el PP se ha apresurado a reclamar una normativa que regule la participación de los parlamentarios en empresas suministradoras de la Administración, mientras Foro, UPyD e IU, el resto de las formaciones parlamentarias de la comunidad, han indicado que la dimisión era la única salida válida para la consejera.