Los líderes de CC.OO. y UGT acaban de denunciar una campaña de la Fiscalía del Estado para condenar a penas que impliquen prisión a quienes participen en piquetes durante una huelga.
Cándido Méndez y Fernández Toxo afirman que el cambio del criterio fiscal data de 2012 y que se presiona a los jueces para que se aplique el máximo previsto de tres años y un día del artículo 135.3 del Código Penal. Anteriormente, estas peticiones de pena eran casi anecdóticas.
Según los sindicatos, hay actualmente en curso más de 40 procesos penales contra sindicalistas, con penas que suman más de 120 años de cárcel, todos desde la última huelga general convocada hace dos años. A tenor de su denuncia, la situación responde a directrices del gobierno para disuadir a los trabajadores de movilizarse.
La acusación es suficientemente grave, y los datos lo bastante inquietantes, como para que la sociedad merezca una explicación. ¿Hay órdenes de procesar a sindicalistas en caso de movilizaciones? ¿Hay órdenes para endurecer la petición de penas? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Se aplica el mismo rigor a las coacciones contra el ejercicio del derecho de huelga?
El caso es bien conocido en Vigo, donde dos trabajadores, Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, están pendientes de ingreso en prisión por «limitar el derecho de huelga». Ambos tendrán que ingresar en A Lama si no prospera la petición de indulto.
La situación es nueva y extraña. Y el respeto a la democracia exige que sepamos que está pasando. Si el Ejecutivo ha dado órdenes para cambiar criterios fiscales, debemos conocerlas. No puede ser que no sepamos si un poder del Estado está dando órdenes a otro y cambiando las reglas de juego. Es, como mínimo, inquietante que, ante sucesos tan graves, los ciudadanos no merezcamos ni la más mínima explicación.
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