Dos trabajadores, Serafín y Carlos, tendrán que ingresar en la prisión de A Lama. Su delito: arrojar piedras durante una manifestación del sector del transporte en 2008. Al menos, esto dice la sentencia, que ellos niegan. Se consideran cabezas de turco. Según su testimonio, fueron elegidos al azar entre los muchos presentes en la movilización. Tuvieron que identificarse en un coche policial y quedaron libres.
Este último dato ?quedaron libres- es muy importante. En ningún momento fueron detenidos. Lo cual resulta asombroso, si es que la policía, como luego declararon los agentes en el juicio, los vieron apedrear varios camiones. De ser cierto, si fueron testigos de un flagrante delito, ¿por qué no los detuvieron y los trasladaron a Comisaría?
Todos quienes hemos ido a una manifestación conocemos cierto modus operandi policial sumamente injusto. Se trata de identificar al azar a participantes en una movilización, tomando sus datos del carnet de identidad. Semanas más tarde, recibirán en su casa una notificación con una cuantiosa multa, aunque esas personas se hubiesen marchado del lugar inmediatamente. Se trata de una medida coercitiva, una amenaza para disuadir a la gente de protestar en la calle. Y pagan justos por pecadores, si es que hubiera algún pecado en manifestarse.
De este atropello no tienen la culpa los agentes de policía, sino los mandos y responsables políticos que abusan del valor probatorio del testimonio de un agente para usarlo arbitrariamente contra cualquiera, culpable o inocente. Todos recordamos la multa de 200 euros que recibió, el pasado año, una estafada por las preferentes de O Rosal por coacciones a un guardia civil ante una sede bancaria. Tenía 81 años y utilizaba un andador para desplazarse. Pero la subdelegación del Gobierno aplicó la sanción en su política de amedrentar a las víctimas para que dejasen de molestar.
En el caso Rivas y Rodríguez, Carlos y Serafín, algo puede haber de lo mismo. ¿Por qué no fueron detenidos en el acto? ¿Por qué se les condenó con un testimonio policial con carácter de prueba, planteado en el juicio mucho tiempo después?
Estos dos trabajadores, uno agente de seguros y otro transportista, afiliados a CIG y UGT, entrarán en pocos días en la cárcel de A Lama, perdiendo sus trabajos y para desesperación de sus familias. Pero lo que de verdad clama al cielo no solo es lo dudoso de su caso, sino que el Gobierno les ha denegado el indulto.
Hablamos de un país donde se han concedido miles de indultos arbitrarios en democracia. Recordemos que se trata de un perdón inapelable y que el Gobierno puede ejecutar sin siquiera justificarlo. Así fueron perdonados Barrionuevo y Vera, el banquero Alfredo Sáez o los cuatro mossos d´esquadra condenados por torturas. Entre políticos, hay más indultados por prevaricación que en la cárcel. Pero casos como el del vigués David Reboredo se eternizan. O, en el que estoy narrando, no llegan nunca. Rivas y Rodríguez ?dos trabajadores afiliados a un sindicato, no dos sindicalistas- tendrán que entrar en A Lama. Mañana domingo, a las 11.30, en la plaza de España, una manifestación pedirá, si no justicia, al menos el perdón para ambos. Muy triste todo...
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