La propiedad iniciará una nueva ronda de contactos con las partes
07 mar 2012 . Actualizado a las 12:21 h.Los socios de Barreras trabajan en la elaboración de un plan B para salvar al astillero de la liquidación. La entrevista que José García Costas, uno de los accionistas mayoritarios, mantuvo ayer con el conselleiro de Industria supuso el pistoletazo de salida para intentar llegar a un acuerdo salvador que las partes estén dispuestas a suscribir. Previamente, el conselleiro había mantenido un encuentro con los administradores concursales, con los que realizó un repaso de posibles escenarios futuros.
García Costas, que afirmó salir satisfecho del encuentro con Javier Guerra, eludió comentar su contenido. «Primero tengo que comunicárselo al resto de los socios y luego a los acreedores y a los trabajadores», señaló. Añadió que no había ninguna prisa en dicho traslado. «No trabajo en supuestos», manifestó sobre posibles salidas al atolladero en el que se encuentra la factoría de Beiramar. «Entre todos buscaremos soluciones; esto tiene un recorrido y no ha hecho más que empezar», dijo.
Desde el momento en que la empresa comunicó a las partes su propuesta -95 % de quita en el caso de los acreedores y reducción del 40 % de la plantilla en el de los trabajadores-, García Costas insiste en que se trata de un punto de partida sobre el que discutir. Dice que la empresa «ha hecho un trabajo con responsabilidad», pero dice también que «hoy [por ayer] se ha abierto un nuevo espacio y lo estudiaremos».
Igual que el resto de las partes implicadas, no contempla un escenario de posible liquidación. «Llevo meses trabajando en la búsqueda de una salida; si no tuviera intención de resolver el problema no le dedicaría tanto esfuerzo. Si pensara que es una tarea imposible ya lo habría dicho, pero creo que se puede sacar adelante», afirmó.
Más allá de las inminentes citas con las partes no dio pistas sobre la hoja de ruta, si bien después de la contundente respuesta de trabajadores, acreedores y Xunta, tendrá que pasar, necesariamente, por reconsiderar la quita, garantizar el empleo y comprometer una ampliación de capital mayor de los 6 millones previstos inicialmente.
«Tax lease»
Por su parte, el PP denunció ayer el trato discriminatorio que, dice, está sufriendo España respecto a otros países a los que sí se les permite aplicar bonificaciones fiscales. También denunció la pasividad del alcalde.