El gobierno vigués afronta un posible delito de desobediencia por falta de colaboración con el Valedor do Pobo en una denuncia por ruidos
12 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Requerimiento tras requerimiento, el Valedor do Pobo lleva un año intentando aclarar el alcance de los ruidos nocturnos que tienen de cabeza a varias familias del Casco Vello. Tras conocer la situación de las calles Real y Teófilo Llorente, sus intentos fiscalizadores se han topado con la opacidad municipal. Una opacidad por lo demás bien elaborada, en la que varios departamentos municipales se traspasan las demandas de la Institución autonómica hasta que el Valedor ha decidido decir basta.
En mayo pasado, su titular, Benigno López González, recordó al alcalde Abel Caballero que podría declarar al Concello que preside «hostil e entorpecedor das súas funcións» en lo relativo a esta queja. Y no solo eso, por si acaso, le reiteró que existe un artículo en el Código Penal, el 502, que establece que «los que siendo requeridos en forma legal y bajo apercibimiento dejaran de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes generales o de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma serán castigados como reos de desobediencia; si el reo fuese autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por espacio de seis meses a dos años».
Ordenanza antibotellón
Esto se lo decía por carta el Valedor do Pobo al alcalde unos meses atrás, curiosamente días antes de las elecciones municipales. Sin embargo, a finales de agosto el asunto seguía sin resolverse y el defensor del pueblo enviaba otra carta con la finalidad de que se compruebe «adecuadamente e, no seu caso, se corrixa, a permanenza molesta de persoas ás portas dos locais de ocio da zona que se refire na queixa, declarada acústicamente saturada, de tal forma que se protexan os dereitos constitucionais dos potenciais afectados». Un mes después se le reiteraba la petición de respuesta «por escrito, e de ser negativa debería motivarse adecuadamente», lo que amenaza con alargar indefinidamente este conflicto.
En el asunto de los ruidos han intervenido varios departamentos municipales ya que, realmente, la competencia no es exclusiva. A Medio Ambiente el Valedor le pidió la comprobación de la contaminación acústica en la zona de locales de las calles Real y Teófilo Llorente, una petición que tuvo que reiterar.
A Seguridade le pidió un informe sobre la comprobación del incremento de la contaminación acústica y las intervenciones realizadas para evitar las concentraciones de clientes a las puertas de los locales. Nada menos que cuatro veces tuvo que repetir la petición al no recibir la información solicitada o estar incompleta. Por último, intervino Alcaldía para decidir quien era competente.
En este asunto lo que realmente subyace es el cumplimiento de la ordenanza municipal de ruidos, que implantó zonas acústicamente saturadas, y el Casco Vello es una de ellas, y la posterior norma que prohibió en determinadas zonas de la ciudad beber e incluso permanecer en la calle por la noche para evitar el botellón.
Quejas del PP
Esta ordenanza se aplicó inicialmente en la esquina de Lóriga con Ecuador, donde los fines de semana se concentraba hasta un millar de jóvenes, y posteriormente en la plaza de O Berbés y varias calles próximas del barrio histórico.
Supuestamente la medida acabó con los problemas que generaba el consumo de alcohol en las calles los fines de semana, especialmente por ruidos que afectaban a los vecinos. No obstante, denuncias como esta dejan en evidencia otra realidad.
Sobre este caso concreto que investiga el Valedor, la concejala popular Teresa Egerique acusó ayer al gobierno local de «descontrol y dejadez» por no afrontar lo que considera «un grave problema de ruido nocturno tras un año de peticiones».
La edil puso de manifiesto las graves consecuencias de estas actividades nocturnas «para muchos vecinos que incluso tienen que abandonar sus casas los fines de semana ante la imposibilidad de poder dormir en condiciones razonables».