Desde presupuestos hasta el PXOM, algunos asuntos clave requieren mayoría en el pleno
05 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El próximo sábado se constituirá la nueva corporación municipal. A partir de ese momento el nuevo alcalde, Abel Caballero, repartirá los cargos entre los once concejales socialistas que constituirán un gobierno en minoría frente a una oposición de 16. No es una situación inédita en Vigo, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, nace con vocación de continuidad. Así que el regidor está obligado a buscar pactos para algunos temas importantes. La Voz repasa las competencias que la ley concede al alcalde y a la junta de gobierno local, que son importantes, y aquellas que reserva al pleno, donde una oposición mayoritaria puede hacerle pasar a Caballero y al PSOE momentos difíciles.
El presupuesto exige mayoría. Es, sin duda, la cuestión clave. Siguiendo el ejemplo del sistema político parlamentario, se da por supuesto que un gobierno que no logre aprobar el presupuesto anual carece de bases sólidas para actuar. Por este motivo la normativa vigente exige que sea aprobado por mayoría. En caso contrario no queda otro remedio que prorrogar el del año anterior, lo que complica la gestión y deja las inversiones en el aire. Le ocurrió a Corina Porro: como alcaldesa solo pudo aprobar sus primeras cuentas.
No obstante, la ley de grandes ciudades, introdujo un cambio sustancial para evitar situaciones de bloqueo. En concreto, la aprobación del presupuesto vinculado a una moción de confianza. Si las cuentas son rechazadas, los grupos que voten en contra tienen un mes para presentar una moción de censura. Si no lo hacen, el presupuesto queda aprobado al transcurrir dicho plazo. Concejales socialistas dan por supuesto que Caballero recurrirá a esta vía si no fructifican las negociaciones previas con el BNG.
Las modificaciones de crédito también necesitan mayoría. El alcalde las necesita para cumplir sus promesas (como ayudas directas a Citroën o a hosteleros).
Sueldos de concejales y asesores. Tema de gran relevancia que tiene que concretarse antes del 11 de julio, cuando se cumplirá un mes de la constitución de la corporación. Se resuelve en el llamado pleno de organización, que decide el número de concejales liberados, su salario, el conjunto de las retribuciones y el listado de asesores y personal de confianza junto con sus emolumentos. En los gobiernos con mayoría, las negociaciones son internas aunque suelen mantenerse contactos con la oposición. En Vigo normalmente se llega a un consenso general, lo que evita polémicas en este delicado campo. Lo que pueda ocurrir esta vez es una incógnita, aunque todos los grupos políticos necesitan asesores y liberados, por lo que el acuerdo suele alcanzarse. No obstante, la oposición podría llegar al extremo de dejar sin sueldo al alcalde (ocurrió en Cangas en este mandato) o a sus concejales, lo que pondría al gobierno local contra las cuerdas.
Ordenanzas, impuestos y Plan Xeral. Son también asuntos de pleno y completan las competencias de la corporación en su conjunto. Impuestos y tasas están directamente vinculados al presupuesto, las ordenanzas constituyen la legislación municipal y el Plan Xeral marca el desarrollo urbanístico de un concello. En Vigo está aprobado, pero cualquier modificación puntual -el PSOE pretende hacerlas- exige igualmente el visto bueno de la mayoría.
Organismos supramunicipales y reglamentos orgánicos. Afectaría a la creación de una mancomunidad, pero con el Área Metropolitana habrá que estar a lo que disponga la ley autonómica.
Jefatura de personal y de la Policía Local. Es una competencia directa del alcalde, por lo que no le afecta estar en minoría.
Nombramiento de concejales no electos. Son ediles que gestionan áreas de gobierno, pero no tienen voto en el pleno. El alcalde los nombra de forma directa. En el caso de Vigo el máximo son tres aunque actualmente hay dos: José Mariño (Urbanismo, PSOE) y Eudosio Álvarez (Patrimonio Histórico, BNG). Caballero quiere nombrar tres, pero el grifo del dinero, y de sus sueldos, lo tiene el pleno ya que puede dejarles sin presupuesto para el pago de sus salarios. Así que tal vez no pueda.
Licencias urbanísticas. Corresponden a la junta de gobierno, que las ha transferido al concejal de Urbanismo. Posteriormente da cuenta al consello de la Gerencia Urbanismo, donde la minoría también puede tener consecuencias negativas.
Contratos y concesiones. La ley de grandes ciudades los traspasó del pleno a la junta de gobierno. También la concertación de préstamos, la enajenación de patrimonio, el salario del personal y la relación de puestos de trabajo, todo ello de acuerdo con el presupuesto. Existe coincidencia en que un gobierno de una gran ciudad en minoría puede funcionar con cierta normalidad si cuenta con un presupuesto.