La sentencia es firme y todas las vías judiciales para conseguir una alternativa a la demolición están agotadas. Claro que existe una vía para permitir que las instalaciones permanezcan en pie. Una posibilidad de legalizar tanto el supermercado de Angoares como todos las empresas fuera de la legalidad que existen en el municipio (se calcula que más de doscientas): el Plan General de Ordenación Municipal.
El gobierno empezó con su tramitación hace ya ocho años pero de momento lo único que han obtenido los vecinos pendientes de licencias que legalicen su situación son promesas. Promesas y una factura para las arcas municipales de 700.000 euros en gastos de gestión.
La medida ha imposibilitado que el crecimiento urbanístico del municipio se haga al amparo de la Ley, puesto que desde el 2002 la Xunta decidió suspender las normas subsidiarias y no ha sido posible conceder nuevas licencias.
Edificios municipales
La situación no solo afecta a urbanizaciones privadas y negocios, también a infraestructuras deportivas, como el nuevo pabellón deportivo municipal.
Con este panorama, se puede entender que más de 50 empresarios y vecinos del municipio presentaran un escrito ante el Concello solicitando que se pudiera volverá a regir el urbanismo por las normas del 95, una medida que de momento no ha tenido respuesta por parte del Concello.