El Consello de la Xunta aprobó ayer la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos afectados por la construcción de la nueva depuradora de Vigo. Una vez que el acuerdo se publique en el Diario Oficial de Galicia la empresa pública Acuanorte podrá comenzar las expropiaciones.
El proyecto de la planta viguesa lleva más de un año empantanado por diferencias entre la Xunta y el Concello, que se resolvieron hace unas semanas y permitieron por fin la firma del convenio. La futura instalación podrá depurar la totalidad de las aguas residuales del municipio, algo que ahora no ocurre y provoca la contaminación de la ría.
El coste de la depuradora supera los 230 millones de euros, de los que 104 los aporta la Consellería de Medio Ambiente y el resto la Administración central con fondos europeos. El Concello, por su parte, entrega los terrenos que ocupa la actual planta.
Lo más urgente en estos momentos es obtener los terrenos y llevar a cabo la licitación de proyecto y obra, gestiones que correrán a cargo de Acuanorte. Una vez construida, la planta será entregada al Concello que se encargará de su explotación. Tras los problemas generados por el dimensionamiento a la baja de la planta actual la nueva tendrá capacidad para depurar las aguas residuales de 800.000 personas, lo que garantiza su eficacia durante varias décadas.