El Concello vigués no impulsará una ordenanza para reforzar el control de las calles donde existe constancia de que se ejerce la prostitución, como había planteado la oposición popular. La concejala Marián García Míguez pretendía que a los clientes de las prostitutas se les impusiera una multa de 3.000 euros, una fórmula disuasoria tendente a eliminar esta actividad denigrante.
Sin embargo, el PP aceptó la opinión de socialistas y nacionalistas en el sentido de que la medida era inviable «e díficilmente aplicable», como la calificó la nacionalista Iolanda Veloso, con la que coincidió la socialista Isaura Abelairas. Ambas tienen muy claro que «estamos a falar de explotación sexual de seres humanos», pero consideran que las medidas tienen que ser progresivas.
En este contexto, los tres grupos políticos llegaron al acuerdo de sacar adelante un acuerdo para eliminar la publicidad de clubes de alterne y otros locales donde se ejerza la prostitución «en cualquier panel informativo, medio de transporte público ou calquera lugar de competencia municipal», lo que podría afecta de manera inicial a la publicidad que exhiben algunos taxis.
Aparte de esta cuestión puntual el Concello estudiará «posibles medidas conxuntas entre os distintos axentes que traballan contra a violencia de xénero na nosa ciudad atendendo os problemas específicos das mulleres prostituídas», sin especificar objetivos ni plazos.
La posibilidad de actuar contra los clientes, como se hace en algunos países europeos, fue considerada por el Bloque como «unha actuación de cara á galería e difílmente aplicable». Para ello haría falta la colaboración de las mujeres, y eso sin tener en cuenta que no toda la prostitución se ejerce en la calle. «É un control inasequible para o poder municipal», argumentó Iolanda Veloso y, al parecer, convenció a los populares.