La trama de corrupción urbanística descubierta en el municipio pontevedrés de Gondomar en febrero del 2007 estaba motivada por decisiones políticas, según se puso en evidencia en el juicio del caso que desde ayer se celebra en Vigo. Dos concejales, la novia de uno de ellos y un arquitecto están acusados de haber tomado parte en la negociación del pago de 960.000 euros a cambio de favorecer la tramitación de tres proyectos urbanísticos en la villa, hechos que fueron descubiertos por la denuncia de un intermediario de uno de los promotores, que se prestó a grabar de forma secreta varias reuniones y a pinchar sus conversaciones telefónicas con parte de los implicados.
José Luis Mosquera, edil de Cultura y portavoz del grupo municipal del PP en el momento de ser detenido, aseguró ayer que las cantidades negociadas iban a ser destinadas a sufragar tanto la campaña que en las elecciones del 2007 iba a hacer la candidatura local del PP en Montevideo -donde hay una relevante colonia de gondomareños-, como a financiar a una formación independiente surgida por escisión del PSOE.
Para no perder la mayoría
Mosquera, el único de los cuatro imputados que ayer prestó declaración, indicó que fue él quien había dado la voz de alarma ante la intuición de que el PP podía perder la mayoría absoluta en Gondomar, por lo que recalcó la conveniencia de reforzar tanto el voto exterior como a la formación independiente para dividir el voto de la oposición. Sobre la intención de apoyar económicamente al partido independiente existe constancia en el vídeo secreto que le grabaron durante las negociaciones del cohecho, como informó en febrero del 2007 La Voz de Galicia. En dicha cinta, Mosquera identifica a esa formación como Move Gondomar, de cuyos ediles garantizaba que se abstendrían a la hora de votar los cambios necesarios en el planeamiento urbanístico. El PSOE ya exigió ayer al PP de Pontevedra que aclare su conocimiento de la supuesta financiación ilegal.
El que fuera portavoz del grupo municipal del PP aseguró que el dinero no iba a tener un uso personal. Según considera probado el fiscal, las cantidades reclamadas a los tres empresarios sumaban casi un millón de euros, cifra que la defensa de Mosquera y del arquitecto rebajan a 540.000 euros.
Tanto el abogado del entonces edil de Cultura como el del arquitecto que hizo entre los políticos y empresarios de «correa de transmisión» -como lo calificó la Fiscalía en el juicio- aceptaron su implicación en los hechos. El abogado de la novia de Mosquera rechazó el papel de esta en la trama, pese a que fue a ella a quien la Guardia Civil detuvo con los 60.000 euros del primer pago recibido, operación que fue controlada policial y judicialmente y que propició esa misma noche las cuatro detenciones.
La defensa de Alejandro Gómez Garrido, entonces concejal de Urbanismo, rechazó la implicación de su representado alegando que no hay pruebas que lo incriminen más que el hecho de que fuera citado en las conversaciones grabadas a los otros detenidos.