Abel Caballero responde al conselleiro con ataques personales y le pide que «deje de marear la perdiz»
01 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las fiestas de Semana Santa no han servido para rebajar la tensión en el conflicto de la depuradora, cuyas obras siguen pendientes de un acuerdo a tres bandas (Xunta, Concello y Ministerio) que por el momento no se ha producido. Ante esta coyuntura el conselleiro de Medio Ambiente ha advertido al alcalde vigués que las multas que pueda imponer la Unión Europea (UE) tendrán al Concello como destinatario.
Las declaraciones de Agustín Hernández hacen hincapié en que el Concello es el titular del servicio de saneamiento y depuración «que actualmente no se está prestando de manera adecuada, pese a lo cual se cobra a los ciudadanos, por lo que es responsable de la situación».
Aunque partidario de lograr un acuerdo entre las administraciones implicadas, la Xunta deja claro que las multas que pueda imponer la Unión Europea irán dirigidas contra el Concello. Las informaciones existentes cifran en veinte millones de euros estas sanciones, un importe disuasorio por su elevado volumen.
Caballero recogió ayer el guante y aseguró no sentirse afectado por el preaviso autonómico. Según el alcalde este importe de veinte millones de euros podría aplicarlo la UE cada seis meses, pero no cree que afecte a la administración municipal. De hecho, el alcalde se tomó a broma sus palabras afirmando que «la ley de las rías de Manuel Fraga deja clara la responsabilidad de la Xunta en este tipo de proyectos».
En tono irónico aseguró que Agustín Hernández «conoce perfectamente de lo que estamos hablando y debe dejar de marear la perdiz; él fue jefe de obra de la depuradora existente y, por cierto, menuda calamidad de instalación», afirmó ayer.
Proyecto
La depuradora que se va a construir sustutuirá a la actual y tendrá mucha mayor capacidad, por lo que podrá tratar las aguas residuales de toda la ciudad, algo ahora mismo imposible. El presupuesto asciende a 238 millones de euros, de los que la Xunta aportará 126 y el resto correrá a cargo del Ministerio utilizando fondos europeos, mientras el Concello cederá los terrenos. El problema radica en que nadie asume los 40 millones del IVA.