Marisa y Mario son dos gallegos que no se conocen, pero tienen mucho en común. Ella vive en Laxe, donde cuida de su hermana esquizofrénica; él, en A Coruña y es su compañera la que tiene una madre en fase terminal de alzhéimer: ambos forman parte de los afectados por un nuevo retraso en el pago del sueldo de cuidador familiar y ambos consideran una ignominia esta inestabilidad.
Marisa Gil explica que todo es una cuestión de percepción: «Ellos [por la Xunta] creen que esto que nos da es una limosna, pero es un sueldo. Nosotros somos trabajadores de la Xunta, porque hacemos su trabajo». Lo mismo piensa Mario Souto: «Las personas afectadas no piden una caridad, sino lo que les corresponde por ley».
Entienden ambos que no se puede entender que es un sueldo si uno no sabe cuándo lo va a recibir: «No me pueden pagar un mes el día 1, otro el 9 y otro mes el 29», dice Marisa, para quien eso supone un absoluto desprecio, «es como si nos dijeran ''nosotros damos la caridad cuando queremos durante el mes, no tenemos obligación''». Y sí, la tienen «por una ley que no hemos pedido y que nos han publicitado hasta la saciedad», apunta Marisa Gil.
Y es que el trato que reciben cuando llaman por teléfono es otra de las quejas: «Llamo por teléfono y es humillante -explica Mario- y te dicen cosas tipo ''tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para esto''». Souto también es funcionario, por eso tiene claro que «trabajan para nosotros». Apunta que lo importante «no es la falta de dinero, que también, sino que se aprovechan del eslabón más débil de la sociedad; a otro colectivo, el de los funcionarios por ejemplo, jamás le pagarían de esta manera».