Con dos nuevos planes de demolición en redacción, el gobierno local cuestiona su viabilidad económica
29 ene 2010 . Actualizado a las 11:38 h.La vía del diálogo entre la Xunta y el Concello de A Guarda por el tema de los derribos se bloqueó ayer tras el encuentro que se celebró en o entre el conselleiro de Medio Ambiente y los portavoces municipales. El gobierno local fue a Santiago con dos propósitos. El prioritario, según explicó el alcalde pretendía «que la Xunta o el organismo que esta determinara asumiera las posibles indemnizaciones a los vecinos a las que haya lugar y, el segundo, que también asumiera los gastos de todos los derribos».
«Volvemos igual que fuimos», concluyó tras el encuentro el regidor confirmando que no se consiguió ninguno de los dos objetivos. La falta de consenso abre ahora la puerta a la judicialización de las relaciones entre las dos administraciones. De hecho y, según avanzó al conselleiro el alcalde, «ante su total negativa y cerrazón, el Concello va a emprender las acciones legales que estime oportunas para dirimir responsabilidades». Iniciativas que se traducirán e unos días en una demanda administrativa contra la Xunta, avanzó el alcalde y que, a todas luces, se transformará en otra vía contencioso.
En su argumentación, «la presunta inacción de la Xunta, que no advirtió al Concello de ninguna presunta irregularidad hasta el requerimiento de noviembre del 2001, cuando ya se habían concedido 17 de las 21 licencias que el TSXG ha declarado nulas y una sentencia que, en primera instancia, exonera al Concello». El regidor declinó avanzar más sobre la estrategia legal a emprender si bien reiteró que «la Xunta tiene que asumir su parte de responsabilidad en esta crisis». Según señaló José Manuel Domínguez Freitas, el conselleiro se mostró taxativo en su postura. «As demolicións que non nos toca, nin as facemos nin as pagamos», les transmitió.
Eso quiere decir que el Concello tendrá que hacer frente a quince de las demoliciones. Aquellas de las que ya les responsabilizaron los juzgados de lo Contencioso números 1 y 3 de Pontevedra. Son once ya que cuatro de las licencias corresponden con solares aunque, a día de hoy, faltan tres por instar. Las otras seis son competencia de la Xunta, que en diciembre acometió los tres primeros derribos, por orden del Contencioso número 2.
La situación económica del Concello va a dificultar que pueda asumir las demoliciones, según confirmó el alcalde aunque dos de los proyectos de derribo ya están en fase de redacción. Freitas anunció también que convocará de nuevo a los portavoces «porque, al igual que hicimos cuando estábamos en la oposición, apelamos al consenso para afrontar esta crisis porque le puede tocar a cualquiera que gobierne mañana».